El Congreso de los Diputados de España aprobó el pasado jueves continuar con la tramitación de un proyecto de ley que transformará la fiscalización de las criptomonedas en el país. La decisión rechazó una enmienda del partido Vox que buscaba devolver el texto al Gobierno, lo que permite avanzar con la transposición de la directiva europea DAC8 sobre fiscalidad de bitcoin y otros activos digitales.
La votación contó con el respaldo mayoritario del hemiciclo, aunque el Partido Popular se abstuvo y Vox votó en contra. Con este resultado, España se encamina a cumplir antes del 31 de diciembre de 2025 con los compromisos internacionales de transparencia fiscal exigidos por la Unión Europea.
Qué implica la nueva normativa con criptomonedas en España
La directiva DAC8, catalogada como esencial por la Unión Europea, introduce controles estrictos sobre las transacciones y saldos en activos digitales. Una vez aprobada, la norma permitirá a la Agencia Tributaria española embargar criptoactivos de contribuyentes con deudas pendientes.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó la urgencia de transponer esta directiva para alinear a España con las exigencias europeas y dotar a las autoridades de herramientas modernas para supervisar el ecosistema de activos digitales.
Cómo afectará a los usuarios
A partir de 2026, los proveedores de servicios de activos digitales —como los exchanges o plataformas de intercambio— tendrán la obligación de reportar las transacciones de sus usuarios a las autoridades fiscales. Este reporte cubrirá ventas, intercambios y transferencias de criptomonedas.
Para los españoles que operan con bitcoin y otras criptomonedas, esto significa que las ganancias obtenidas por especulación o trading deberán declarar y tributar como renta. La medida reduce significativamente el anonimato que caracterizaba a estas operaciones y que atraía a muchos inversores.
En caso de que un contribuyente acumule deudas fiscales, Hacienda podrá rastrear, embargar y, si es necesario, confiscar sus activos digitales directamente, una herramienta con la que busca disuadir prácticas evasoras.
Las consecuencias de no aprobar la ley
El rechazo a la enmienda de Vox evitó que España iniciara un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea. Este mecanismo disciplinario se activa cuando un Estado miembro no transpone una directiva a su legislación nacional en el plazo establecido.
De no cumplir, la Comisión Europea puede remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene la facultad de imponer multas lump sum —sanciones financieras únicas y fijas— y penalizaciones diarias hasta que se resuelva el incumplimiento.
Estas multas buscan compensar el daño causado por la infracción y disuadir futuras violaciones. Su monto se calcula considerando la duración del incumplimiento, su gravedad, la actitud del Estado y la necesidad de disuasión. Para España, no aplicar la norma podría traducirse en sanciones millonarias y un descrédito en materia fiscal europea.
El impacto económico esperado
La Comisión Europea estima que la transposición de la directiva DAC8 en todos los países miembros permitirá recaudar 2.400 millones de euros adicionales en la Unión Europea mediante un mayor control fiscal sobre las criptomonedas.
Para los usuarios españoles de activos digitales, esta aprobación marca el inicio de una era de mayor regulación y vigilancia. Aunque la medida busca aumentar la transparencia fiscal y combatir la evasión, también representa un cambio sustancial en la forma en que los ciudadanos podrán operar con criptomonedas, sometiendo estas operaciones a los mismos controles que otros activos financieros tradicionales.
