Una batalla legislativa ha comenzado en el Senado Federal de Brasil tras la presentación de un recurso de apelación que obliga al pleno a revisar un controvertido proyecto de ley sobre impuestos. La iniciativa, que ya había sido aprobada en comisión, busca incrementar significativamente la carga tributaria sobre las plataformas de apuestas deportivas y equiparar las tasas fiscales que pagan las empresas fintech con las instituciones financieras tradicionales.
Qué propone el Proyecto de Ley 5473/25
En Brasil, el Proyecto de Ley 5473/2025, autoría del senador Renan Calheiros, establece modificaciones sustanciales en tres áreas específicas del sistema tributario brasileño. La propuesta modifica leyes existentes desde 1988 y 2018 para crear un nuevo marco regulatorio fiscal.
La iniciativa legislativa contempla el ajuste de las alícuotas de la Contribución Social sobre el Lucro Líquido para las empresas fintech, sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Además, introduce cambios en la participación gubernamental sobre los ingresos netos de las apuestas de cuotas fijas, un mercado que ha ganado protagonismo en Brasil.
Un tercer componente del proyecto es la creación del Programa de Regularización Tributaria para Personas de Baja Renta, una medida social que busca facilitar la normalización fiscal de ciudadanos con menores recursos económicos.
Incremento gradual de impuestos a las apuestas deportivas
La Comisión de Asuntos Económicos del Senado aprobó inicialmente un esquema de tributación progresiva para las plataformas de apuestas. El plan establece un aumento escalonado de la Contribución sobre los Ingresos Brutos del Juego, conocida por sus siglas en inglés como GGR.
Actualmente, las casas de apuestas pagan una tasa del 12% sobre sus ingresos brutos. Bajo el nuevo esquema propuesto por el senador Eduardo Braga, esta cifra aumentaría al 15% durante los años 2026 y 2027. A partir de 2028, la tasa alcanzaría el 18%, siguiendo una transición escalonada.
Este ajuste fiscal responde a la percepción de que el marco regulatorio vigente favorece excesivamente a las plataformas de apuestas en comparación con otros sectores empresariales. Según documentos oficiales, establecer una casa de apuestas en Brasil resulta actualmente más ventajoso desde el punto de vista fiscal que crear una empresa fintech orientada a servicios financieros innovadores.
La controversia sobre las fintech y la competencia bancaria
El proyecto de ley también aborda la situación tributaria de las empresas fintech, un sector que ha revolucionado el mercado financiero brasileño en la última década. La propuesta busca igualar las tasas de la Contribución Social sobre el Lucro Líquido que pagan estas compañías con las que enfrentan los bancos tradicionales.
Los defensores de esta medida argumentan que las fintech desempeñan un papel crucial en la democratización del acceso a servicios financieros. Estudios citados en el proyecto legislativo, provenientes del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones especializadas, demuestran que estas empresas incrementan la competencia en el sector bancario y contribuyen a la reducción de las tasas de interés para los consumidores.
Sin embargo, equiparar la carga fiscal podría afectar la competitividad de estas empresas emergentes frente a las instituciones financieras establecidas, que cuentan con mayor infraestructura y capital.
Recurso de apelación genera nueva instancia de debate
El senador Carlos Portinho, del Partido Liberal de Río de Janeiro, presentó el Recurso de Apelación número 10/2025 para solicitar que el Pleno del Senado analice el proyecto completo. La apelación, respaldada por 19 senadores de la oposición, cumplió con el requisito mínimo de ocho firmas necesarias para activar este mecanismo parlamentario.
Portinho argumenta que las 185 enmiendas presentadas al proyecto original evidencian la necesidad de un análisis más exhaustivo. Según el legislador, muchas de estas propuestas de modificación fueron presentadas cerca de la fecha de deliberación en la Comisión de Asuntos Económicos, sin permitir una evaluación adecuada.
El senador sostiene que el texto requiere mejoras a través de enmiendas adicionales en el debate plenario. Esta instancia permitiría evaluar con mayor profundidad si el incremento propuesto en los impuestos a las apuestas logrará los objetivos fiscales esperados o si será necesario ampliar aún más la tributación.
Oposición del sector de juegos y apuestas
La industria de apuestas deportivas ha manifestado su rechazo frontal al ajuste fiscal propuesto. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías y el Instituto Brasileño de Juego Legal han presentado estudios técnicos ante el Congreso para respaldar su posición.
Estos análisis indican que países con tasas impositivas moderadas registran una mayor adhesión de las casas de apuestas al sistema legal y regulado. Por el contrario, las naciones que implementan cargas fiscales elevadas enfrentan porcentajes significativos de apuestas realizadas en sitios web sin licencia, operando en mercados negros o grises.
El sector argumenta que un incremento tributario del 12% al 18% podría empujar a muchas plataformas hacia la informalidad o fuera del país, reduciendo paradójicamente la recaudación fiscal total y dificultando la protección de los consumidores.
Próximos pasos legislativos
El calendario parlamentario marca que el proyecto deberá ser sometido a votación en el pleno del Senado en las próximas semanas. Si los senadores aprueban el texto, este pasará a la Cámara de Diputados, donde enfrentará un nuevo proceso de análisis, debate y votación.
La aprobación en ambas cámaras requiere mayoría simple, pero el proceso puede extenderse varios meses dependiendo de las negociaciones políticas y las enmiendas que se presenten. Dada la proximidad del receso parlamentario, es probable que el proyecto no se convierta en ley hasta 2026.
Mientras tanto, tanto el sector de apuestas como las empresas fintech continúan presionando a los legisladores para modificar aspectos específicos del proyecto. Asociaciones empresariales, organizaciones de consumidores y expertos tributarios han solicitado audiencias públicas para exponer sus posiciones.
