En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva busca alternativas urgentes para recomponer las cuentas públicas de 2025 y 2026 después de sufrir una derrota legislativa que dejó sin efecto una medida clave para aumentar la recaudación. Tras el rechazo en el Congreso de la Medida Provisional que proponía elevar el Impuesto a las Transacciones Financieras IOF, el Ejecutivo cambió su foco hacia el sector de las apuestas en línea como fuente potencial de ingresos.
Brasil: Razones para priorizar apuestas en línea
El Palacio de Planalto considera el gravamen a las casas de apuestas como un tema de alto respaldo popular, lo que, según asesores presidenciales, dificulta la formación de una oposición organizada y podría facilitar su avance en la agenda legislativa y administrativa. La estrategia oficial combina medidas administrativas y normativas con el objetivo de recuperar recursos que compensen el vacío dejado por el vencimiento de la MP.
Dos frentes de acción
El Ejecutivo de Brasil trabaja en dos frentes: por un lado, la emisión de decretos para intentar asegurar ingresos inmediatos; por otro, la preparación de un proyecto de ley con trámite de urgencia que reincorpore puntos centrales de la medida rechazada. Ese proyecto buscaría aplicar cobros retroactivos a empresas que operaban antes de la regulación formal del sector y limitar ciertas compensaciones fiscales consideradas indebidas. Según estimaciones internas, solo la aplicación de cargos retroactivos a operadores previos podría generar alrededor de R$ 5 mil millones para las arcas públicas.
Obstáculos técnicos y soluciones propuestas
No obstante, la viabilidad de los cobros retroactivos enfrenta dificultades prácticas y legales. Durante declaraciones públicas, el ministro de Hacienda reconoció problemas para identificar con claridad a compañías que prestaban servicios en Brasil pero transferían recursos al exterior, lo que complica la ejecución de sanciones y cobros. Como alternativa operativa, el Ministerio estudia la implementación de un programa específico para repatriar fondos remitidos fuera del país y facilitar así la recuperación de ingresos.
Papel de Lula y prioridades complementarias
Mientras tanto, la acción del Ejecutivo permanece sujeta al regreso del presidente a Brasilia y a afinaciones técnicas entre las áreas económicas. En entrevistas recientes, Lula señaló que mantendrá la presión para gravar más al sistema financiero, con atención especial a las empresas de tecnología financiera fintechs, como complemento a la iniciativa sobre apuestas. El gobierno considera que un paquete combinado de medidas puede diversificar las fuentes de recaudación sin alterar la meta fiscal vigente.
Postura del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda de Brasil ha sido enfático en descartar, hasta ahora, cualquier modificación de la meta fiscal, priorizando en cambio la búsqueda de ingresos adicionales que no impliquen revisiones macroeconómicas abruptas. El ministro Fernando Haddad canceló compromisos públicos para quedarse en la capital y coordinar un plan que compense los impactos de la medida rechazada, además de supervisar las alternativas administrativas y legislativas que permitan cerrar la brecha fiscal.
Evaluación política y próximos pasos
El escenario político marca la hoja de ruta: la propuesta de gravar las apuestas online se presenta como una medida con atractivo ciudadano y margen político, pero enfrenta desafíos técnicos que obligarán al Ejecutivo a combinar decretos, legislación de urgencia y mecanismos de control transfronterizo. La estrategia también estará condicionada a la capacidad del gobierno para demostrar que los cobros retroactivos son procedentes y cobrables, y que la repatriación de fondos puede implementarse con eficacia.
Apuestas en línea, la nueva prioridad
En síntesis, el gobierno de Lula reconfigura su agenda fiscal a partir del vencimiento de la MP sobre el IOF. La nueva prioridad es el sector de apuestas en línea, acompañada de un impulso para gravar a las fintech y diseñar instrumentos de repatriación de capitales. El éxito de estas acciones dependerá de la articulación entre Planalto, Hacienda y el aparato judicial y administrativo para convertir estimaciones de recaudación en ingresos reales sin comprometer la estabilidad fiscal ni la meta presupuestaria.
