Colombia: impuesto del 19% pone en riesgo el juego online legal

Colombia

Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, explicó la complejidad operativa que ignora esta estructura tributaria. El dirigente subrayó que el impuesto se cobra sobre dinero que puede permanecer sin uso, retirarse sin generar apuestas o utilizarse parcialmente en múltiples transacciones dentro de la plataforma.

La problemática central radica en el fenómeno del «rejuego», término que describe los créditos que permanecen circulando en la cuenta del usuario. Estos fondos no representan ingresos netos para los operadores, pero son gravados repetidamente bajo el esquema actual, distorsionando las cifras reales de la industria y generando una carga fiscal sobre transacciones virtuales.

Ventaja competitiva para operadores ilegales

El impacto inmediato del gravamen se refleja en la experiencia del usuario: una reducción automática del 19% de su depósito antes de realizar cualquier apuesta. Esta desventaja económica contrasta con la oferta del mercado informal, donde no existen descuentos previos ni obligaciones tributarias.

Montero advirtió que esta diferencia está facilitando la migración de jugadores hacia plataformas no reguladas. La federación sostiene que el esquema tributario actual funciona como incentivo involuntario para fortalecer precisamente el segmento que las autoridades buscan combatir.

El sector regulado opera bajo supervisión estatal, requisitos de transparencia y aportes al sistema de salud, mientras que los operadores ilegales carecen de estas obligaciones. La desventaja competitiva creada por el impuesto sobre depósitos amplía la brecha entre ambos modelos de negocio.

Propuesta alternativa basada en ingresos reales

Fecoljuegos presentó ante el Ministerio de Hacienda una alternativa técnica que propone calcular el impuesto sobre los ingresos netos efectivos, descontando los premios pagados a los usuarios. Este modelo replicaría esquemas aplicados en otras jurisdicciones con industrias maduras de juego online.

La federación resaltó que el sector ya aporta un 15% de sus ingresos al sistema de salud colombiano, según mandato constitucional. El gremio argumenta que un modelo tributario ajustado a la realidad económica del negocio garantizaría recaudación predecible sin comprometer la sostenibilidad de las empresas reguladas.

La propuesta busca equilibrar los objetivos fiscales del Estado con la viabilidad operativa del sector privado, evitando que la presión tributaria genere efectos contraproducentes como el fortalecimiento del mercado informal o la salida de inversión extranjera.

Contexto de reforma fiscal rechazada

La controversia sobre el impuesto a depósitos ocurre tras el rechazo legislativo a una reforma tributaria más amplia. La Comisión Económica del Senado rechazó en votación reciente un proyecto que buscaba elevar el IVA sobre casas de apuestas al 19% , con nueve votos en contra y cuatro a favor.

Esa iniciativa pretendía recaudar aproximadamente $4,255 millones de dólares para financiar el presupuesto de 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó la decisión parlamentaria y anunció que el gobierno evaluaría medidas alternativas para cumplir metas fiscales y compromisos sociales.

El rechazo legislativo evidencia las tensiones entre las necesidades de recaudación del gobierno y las preocupaciones del sector productivo sobre la sostenibilidad de cargas tributarias adicionales en un entorno económico complejo.

Perspectivas para la industria regulada

El debate sobre la tributación de apuestas online en Colombia refleja desafíos más amplios sobre diseño de política fiscal para industrias digitales. La tensión entre maximizar recaudación a corto plazo y mantener un ecosistema empresarial competitivo plantea interrogantes sobre el futuro del sector.

Fecoljuegos mantiene su disposición al diálogo con autoridades nacionales, buscando construir un marco regulatorio que concilie intereses públicos y privados. El gremio enfatiza que un sector robusto y formal genera mayores beneficios fiscales sostenibles que medidas que debilitan la competitividad de operadores legales.

La resolución de este conflicto establecerá precedentes sobre cómo Colombia regula industrias digitales emergentes, balanceando necesidades fiscales con la creación de ambientes de inversión predecibles. Las próximas semanas serán determinantes para definir si prevalecerá el modelo actual o se adoptarán ajustes técnicos propuestos por la industria.

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