Más de año y medio después de que el presidente Ferdinand Marcos Jr. prohibiera las Operaciones de Juego Offshore de Filipinas (POGO) y ordenara su cierre para diciembre de 2024, la Policía Nacional de Filipinas (PNP) intensifica sus esfuerzos para erradicar los focos de actividad ilegal que persisten en el país.
El teniente general José Melencio Nartatez Jr., jefe interino de la PNP, anunció el lunes que instruyó a las oficinas policiales competentes para reforzar las patrullas en rutas secundarias. Estas vías pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para continuar sus operaciones ilegales de POGO.
De auge económico a foco de crimen organizado en Filipinas
Las POGO surgieron a principios de la década del 2000 como plataformas que ofrecían juegos de casino en línea, apuestas deportivas y lotería a clientes fuera de Filipinas, principalmente en China, donde el juego es ilegal. Durante la presidencia de Rodrigo Duterte, esta industria con licencias experimentó un crecimiento significativo. En 2023, aportó aproximadamente 570 millones de dólares en ingresos directos e indirectos a la economía nacional.
Sin embargo, las autoridades descubrieron que estas operaciones servían como centros de estafa. Los complejos POGO se beneficiaban del ciberfraude, que incluía estafas amorosas y esquemas relacionados con criptomonedas. Tras varias redadas de alto perfil, trabajadores revelaron que fueron atraídos con promesas de empleos bien remunerados, solo para ser forzados a trabajar por salarios mínimos o sin remuneración, bajo amenaza de maltrato físico.
Reclutamiento y tráfico transfronterizo
A pesar de la prohibición de 2024 y la cancelación de licencias, la industria permanece activa y continúa reclutando trabajadores filipinos. En un caso documentado, los operadores atrajeron solicitantes de empleo a operaciones similares en Camboya, prometiendo salarios de 1,000 dólares mensuales. Las víctimas fueron escoltadas en barco a Phnom Penh, donde se vieron obligadas a trabajar como estafadoras en línea por apenas 300 dólares al mes.
Según Nartatez, el reclutamiento continúa mediante rutas clandestinas. Los trabajadores viajan por mar desde la isla de Palawan hasta Sabah, en Borneo, y desde allí se desplazan por tierra a través de Malasia. «Los destinos finales se cree están en Myawaddy, Myanmar, o Phnom Penh», explicó el oficial. La PNP trabaja con la comunidad de inteligencia y homólogos extranjeros para rastrear estas redes.
Persecución judicial y casos emblemáticos
Filipinas ha adoptado una postura agresiva en la persecución de agentes vinculados a POGO, incluyendo funcionarios de alto rango. El mes pasado, Alice Guo, exalcaldesa de Bamban, Tarlac, fue condenada a cadena perpetua por trata de personas en un centro POGO de esa comunidad rural. Su condena fue la primera bajo una nueva ley de trata calificada, que permite procesar a quienes organizan y dirigen esquemas de explotación laboral, incluso sin participación directa.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de aproximadamente 17,000 dólares por información que conduzca al arresto de Cassandra Li Ong, figura clave en la operación del complejo Lucky 99 South POGO en Pampanga. Ong se encuentra en Japón y podría enfrentar cargos similares por tráfico calificado.
Las autoridades también solicitaron a Interpol ayuda para detener a Harry Roque, abogado y antiguo portavoz de Duterte, quien actuó como representante legal de Lucky 99 South y de Ong. Roque afirma ser víctima de persecución política. Visto por última vez en Viena, solicita asilo en los Países Bajos.
El operativo de las autoridades filipinas refleja un esfuerzo sostenido por desmantelar una industria que pasó de ser vista como fuente de ingresos económicos a convertirse en un símbolo de explotación laboral y crimen organizado transnacional.
