Finlandia se encuentra en el epicentro de la reforma gaming más significativa de los países nórdicos, pero su ambicioso proyecto para transformar el monopolio estatal en un sistema de licencias ha encontrado resistencia constitucional. El Comité Constitucional del Parlamento finlandés ha emitido una advertencia contundente sobre la nueva Ley de Juego propuesta por el Gobierno, destacando que las regulaciones de marketing gaming «no pueden considerarse suficientemente precisas».
Esta crítica constitucional pone en jaque una legislación que busca reformar completamente el sistema de juego finlandés, modificando 13 leyes y derogando disposiciones obsoletas, con entrada en vigor programada para el 1 de enero de 2027.
Secciones 51 y 52: el corazón del conflicto constitucional
El Comité Constitucional ha identificado las secciones 51 y 52 como los puntos críticos que requieren clarificación inmediata. La Sección 51 establece las reglas generales para publicidad permitida en juegos de azar, mientras que la Sección 52 enumera prácticas prohibidas, incluyendo métodos de marketing basados en seguimiento destinados a proteger consumidores.
La legislación solo podrá avanzar bajo el procedimiento legislativo ordinario si las observaciones constitucionales sobre estas secciones son «debidamente tomadas en cuenta», según dictaminó el comité en su opinión oficial.
«Marketing moderado»: el concepto que paraliza la reforma en Finlandia
El término «marketing moderado» se ha convertido en el principal obstáculo constitucional de la reforma. El Comité Constitucional fue categórico al señalar que «la expresión propuesta de marketing moderado sigue siendo tan abierta que no puede considerarse suficientemente precisa» en el contexto regulatorio actual.
Esta ambigüedad terminológica representa un requisito previo que el Comité Administrativo debe resolver antes de que la propuesta pueda ser considerada en el procedimiento legislativo ordinario. Expertos del mercado habían anticipado problemas regulatorios
Los especialistas del mercado finlandés ya habían señalado posibles lagunas en la prohibición del marketing de afiliados propuesta en el país, anticipando algunos de los desafíos constitucionales que ahora enfrenta la legislación.
Estas observaciones previas del sector privado demuestran que la complejidad de regular el marketing gaming en la era digital requiere un enfoque más sofisticado del inicialmente propuesto por el gobierno finlandés.
Comité Administrativo: la próxima instancia decisiva
La opinión del Comité Constitucional ha sido remitida al Comité Administrativo, que ahora tiene la responsabilidad de perfeccionar el proyecto de ley de acuerdo con los requisitos constitucionales antes de que pueda avanzar en el Parlamento.
Esta etapa administrativa será crucial para determinar si la reforma puede mantener su cronograma de implementación para enero 2027, o si los ajustes requeridos provocarán retrasos significativos en el proceso legislativo.
Medidas de protección reciben respaldo constitucional
A pesar de las críticas sobre marketing, el Comité Constitucional acogió favorablemente las garantías de protección incluidas en el proyecto de ley. Las medidas como el límite de edad obligatorio de 18 años, registro de jugadores y verificación de identidad fueron consideradas «constitucionalmente justificables».
Estas disposiciones se alinean con la Constitución finlandesa, que obliga a las autoridades públicas a promover la salud de la población, proporcionando una base sólida para los aspectos de protección al consumidor de la reforma.
El desafío de modernizar el gaming nórdico sin comprometer derechos
La experiencia finlandesa ilustra los complejos desafíos que enfrentan los países nórdicos al modernizar sus sistemas gaming. La transición de monopolios estatales hacia regímenes de licencias requiere un equilibrio delicado entre apertura de mercado, protección constitucional y salvaguardas del consumidor.
Con la fecha límite de enero 2027 aproximándose, Finlandia debe demostrar que es posible crear un marco regulatorio preciso que satisfaga tanto los requisitos constitucionales como las demandas de un mercado gaming moderno y competitivo.
