En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, una medida que ha generado tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a los riesgos asociados con esta decisión.
El FMI recomendó limitar el alcance de la Ley Bitcoin, fortalecer el marco regulatorio y la supervisión del ecosistema, así como reducir la exposición del sector público a la criptomoneda.
El organismo considera que la adopción masiva de Bitcoin en El Salvador podría ser «muy peligrosa» para la estabilidad financiera y fiscal del país.
Ante esta situación, el país centroamericano y el FMI lograron acuerdos preliminares para fortalecer las finanzas públicas y mitigar los riesgos asociados con Bitcoin. Estas medidas incluyen mejorar la transparencia, la gobernanza y reforzar las reservas bancarias.
Por su parte, el gobierno de Nayib Bukele propuso reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales, entre ellas el registro obligatorio para proveedores de servicios de criptomonedas y la implementación de normas de ciberseguridad. Sin embargo, la Ley Bitcoin en sí no ha sido modificada.
El FMI señaló que, aunque muchos de los riesgos asociados con Bitcoin no se han materializado debido a la baja adopción entre los salvadoreños, es necesario continuar trabajando para mitigar los peligros fiscales y de estabilidad financiera. Cerca del 88 % de los salvadoreños no utilizó Bitcoin en 2023, lo que indica una baja aceptación de la criptomoneda.
El Salvador busca un acuerdo con el FMI para obtener un préstamo de 1.300 millones de dólares, que ayudaría a estabilizar la economía y realizar ajustes macroeconómicos. Este acuerdo es crucial para el país, ya que permitiría mejorar el balance fiscal y reducir la deuda pública.
