En India, el máximo tribunal de India ha aplazado hasta principios de 2026 un recurso constitucional contra la controvertida Ley de Promoción y Regulación de Juegos en Línea, conocida como PROGA por sus siglas en inglés. La decisión mantiene en suspenso el destino de una industria valuada en 2.750 millones de dólares, que permanece sin operar desde la entrada en vigor de la prohibición en agosto de 2025.
El aplazamiento que prolonga la incertidumbre en India
Durante una audiencia realizada el jueves pasado, el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, rechazó la solicitud de consideración urgente presentada por Head Digital Works, operador de la plataforma A23 Rummy. Los abogados de los operadores de juegos con dinero real argumentaron la urgencia del asunto, considerando las graves pérdidas económicas que enfrenta el sector desde la implementación de la prohibición.
Sin embargo, Kant fue categórico en su respuesta: «Todo está cerrado… Cotizaremos en enero. Eso es lo que prometo». La decisión implica que el caso probablemente será visto por un tribunal de tres jueces recién en el primer mes de 2026, prolongando la parálisis de una industria que ya registra cifras alarmantes de pérdidas y despidos.
PROGA: la ley que paralizó una industria en crecimiento
En agosto de 2025, el Parlamento indio aprobó la Ley de Promoción y Regulación de Juegos en Línea con un debate mínimo y prácticamente sin participación de las partes interesadas del sector. La legislación suspendió todas las plataformas de juegos de azar en línea de la India, sumiendo en una crisis profunda a una industria que se proyectaba alcanzaría los 9.100 millones de dólares para 2029.
Alcance y severidad de la prohibición
La ley prohíbe cualquier aplicación o plataforma en línea que ofrezca juegos con dinero real o servicios relacionados. El aspecto más controvertido radica en que no distingue entre juegos de azar puramente aleatorios y juegos que requieren habilidad significativa, como el póker, el rummy o los deportes de fantasía.
La definición legal considera como juego de dinero online cualquier actividad donde los jugadores pagan una tarifa de entrada, depositan fondos o apuestan dinero con la esperanza de obtener un retorno financiero. Las penalidades establecidas son severas: hasta tres años de prisión o multas de hasta 1,1 millones de dólares para los operadores, y hasta dos años de prisión o multas de 60.000 dólares para quienes publiciten estos servicios.
La posición de la industria: derechos constitucionales y crecimiento económico
A23 calificó la ley como producto del paternalismo estatal y solicitó al tribunal su declaración de inconstitucionalidad. Los operadores argumentan que la prohibición viola el artículo 19 de la Constitución india, que garantiza el derecho a ejercer cualquier profesión, ocupación, comercio o negocio.
Los críticos sostienen que la ley ignora décadas de precedentes judiciales que distinguen claramente entre juegos de azar y juegos de habilidad. El Tribunal Supremo de India había establecido en casos anteriores, como el fallo sobre carreras de caballos de 1996, que los juegos de habilidad merecen protección constitucional y no pueden equipararse con el juego de azar puro.
Proyecciones de daño a largo plazo
Según estimados de la All India Gaming Federation y la E-Gaming Federation, los impactos de la nueva ley incluyen el cierre de cerca de 400 empresas, la pérdida de aproximadamente 200.000 empleos, y una caída en el recaudo de impuestos de cerca de 200 billones de rupias (aproximadamente 2,3 billones de dólares). También se espera una reducción significativa en la inversión extranjera directa en el sector tecnológico indio.
Los desafíos constitucionales pendientes
PROGA enfrenta múltiples impugnaciones constitucionales que se están consolidando ante el Tribunal Supremo. El 8 de septiembre de 2025, el máximo tribunal aceptó una petición de transferencia del gobierno federal para consolidar todas las impugnaciones pendientes ante los Tribunales Superiores de Delhi, Karnataka y Madhya Pradesh.
Perspectivas: un futuro incierto para el gaming indio
Con el gobierno aún sin emitir la notificación final de cumplimiento para PROGA, y el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información revisando la retroalimentación pública sobre las reglas preliminares, la industria permanece en un limbo regulatorio. Las presentaciones públicas estaban abiertas hasta el 31 de octubre de 2025.
El primer ministro Narendra Modi calificó el proyecto de ley como un paso histórico hacia la conversión de India en un centro mundial de juegos, tecnología y creatividad. Sin embargo, mientras los objetivos declarados son claros, la implementación ha creado una incertidumbre profunda para la industria y ha generado consecuencias no previstas que podrían tomar años en resolverse.
La decisión final del Tribunal Supremo, esperada ahora para 2026, determinará no solo el futuro de miles de empresas y cientos de miles de empleos, sino también establecerá precedentes importantes sobre los límites del poder regulatorio del gobierno central y la protección de los derechos económicos fundamentales en la era digital.
