En la madrugada del último viernes, el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú con 118 votos a favor, sin oposiciones ni abstenciones. La decisión se produjo tras semanas de tensión política agravada por el ataque al grupo musical Agua Marina y el incremento de la inseguridad. La ahora exmandataria no se presentó a ejercer su defensa y calificó el proceso como inconstitucional.
Tras la destitución, José Jerí, presidente del Congreso y miembro de Somos Perú, asumió la presidencia de la República según lo establece la Constitución. El abogado tiene la responsabilidad de conducir el país hasta las elecciones generales programadas para abril de 2026.
Empresarios del Perú plantean tres exigencias centrales
Ante este escenario, once gremios empresariales emitieron un comunicado conjunto con tres demandas fundamentales al nuevo gobierno. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), junto a la Asociación de Exportadores (Adex), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), ComexPerú, Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Asociación Automotriz del Perú (AAP), Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Perucámaras, Plataforma Nacional Gremios Mipymes y Perucaña expresaron su posición institucional.
El primer punto exige respeto pleno a la Constitución y al calendario electoral. Los gremios demandaron garantizar elecciones limpias y transparentes en 2026, además de una transición ordenada conforme al marco constitucional.
La segunda exigencia solicita la formación de un gabinete de unidad nacional con características específicas: técnico y éticamente solvente. Los empresarios plantean que el Consejo de Ministros debe estar integrado por profesionales capaces y de probada integridad para otorgar credibilidad a la gestión pública y garantizar decisiones con rigor técnico y visión de Estado.
El tercer planteamiento demanda que la lucha contra la criminalidad y las economías ilegales se asuma como política de Estado. Los gremios señalaron que la seguridad ciudadana representa actualmente la mayor preocupación de los peruanos y el principal obstáculo para el desarrollo. Exigieron acción firme, coordinada y sostenida para enfrentar la extorsión, el sicariato y las mafias que atentan contra la vida, la inversión y el empleo.
«Los empresarios del país seguiremos apostando por la inversión, la formalidad y la generación de empleo digno, convencidos de que el crecimiento solo será sostenible si se construye sobre la base del orden, la legalidad y la confianza», expresaron en su comunicado.
CONFIEP llama a la serenidad
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) también se pronunció mediante su presidente, Jorge Zapata Ríos, quien hizo un llamado a la serenidad y al respeto del cronograma electoral para lograr una transición transparente.
«El Perú necesita seguridad, estabilidad, diálogo y respeto a la institucionalidad. Solo con serenidad y responsabilidad podremos superar esta nueva crisis política y volver a poner al país en la senda del crecimiento, el empleo, y en especial enfrentar la grave situación de inseguridad que atraviesa el país», afirmó Zapata.
La entidad advirtió que el debilitamiento institucional erosiona la confianza y desalienta la inversión, factores que afectan el empleo de millones de personas. CONFIEP manifestó la disposición del sector privado para impulsar espacios de concertación y propuestas orientadas a la recuperación económica y social.
Resumen de las demandas centrales del empresariado peruano
Los pronunciamientos empresariales convergen en tres demandas: respeto del calendario electoral, conformación de un gabinete técnico y ético, y una política de Estado contra la criminalidad y las economías ilegales. El empresariado pide seguridad jurídica y social para restablecer la confianza necesaria para la inversión y el empleo, y ofrece participación en procesos de diálogo para contribuir a la recuperación económica y la estabilidad institucional.
