El Parlamento de Rumanía analiza dos proyectos de ley que buscan transformar radicalmente la regulación del juego en el país, en un contexto de crecientes cuestionamientos por su impacto social y por fallas persistentes en la supervisión estatal.
Elevar la edad mínima en Rumanía: primera propuesta
Raluca Turcan, ministra del Partido Liberal (PNL), presentó la semana pasada una iniciativa para aumentar la edad mínima para apostar de 18 a 21 años. La legisladora considera que este periodo representa «la etapa más vulnerable emocional y financieramente» para los jóvenes adultos, marcada por la impulsividad, el manejo inicial de ingresos y la comprensión limitada de riesgos a largo plazo.
La propuesta busca ofrecer un «periodo de madurez emocional y financiera» antes de permitir el acceso al juego. Turcan citó experiencias exitosas en Portugal, Grecia y Moldavia, donde medidas similares ayudaron a reducir el endeudamiento juvenil y los primeros signos de adicción. El proyecto incorpora recomendaciones de Save the Children, organización que además sugiere prohibir la publicidad de apuestas en todos los medios.
Restricciones más amplias desde la USR
Diana Stoica, de la Unión Salvar Rumania (USR), presentó un segundo proyecto de mayor alcance que aborda lo que definió como un «drama nacional que se oculta a plena vista». La legisladora señaló que uno de cada cuatro adolescentes rumanos ha apostado antes de cumplir 18 años en Rumanía, y muchos comenzaron antes de los 14.
Su propuesta establece una prohibición estricta de publicidad en línea entre las 6:00 y las 24:00 horas, adaptándose a los hábitos digitales de menores y jóvenes adultos. También veta el uso de influencers, atletas y personalidades de internet en campañas de juego, argumentando que estas figuras «normalizan las apuestas» y funcionan como puerta de entrada al juego juvenil.
Las medidas adicionales incluyen advertencias obligatorias destacadas sobre riesgo de adicción y límites al marketing indirecto mediante patrocinios culturales o deportivos cuando sirven como herramientas promocionales encubiertas.
Crisis de supervisión en la ONJN
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de revisar la Ley de Juegos de Azar de 2009, actualizada por última vez en 2023. La USR lleva tiempo reclamando una reforma completa tras escándalos que evidenciaron graves fallas en el regulador nacional, la ONJN.
Una auditoría financiera reveló que la entidad dejó de recaudar casi mil millones de euros en impuestos y licencias. La ONJN se defendió alegando que sucesivos gobiernos no actualizaron los sistemas de recaudación pese a modificaciones anuales en los gravámenes desde 2018.
El escándalo provocó una reorganización directiva con el nombramiento de Vlad-Cristian Soare como nuevo jefe, pero la oficina permanece bajo escrutinio. La USR aboga por la disolución total de la ONJN y propone que el Ministerio de Hacienda asuma temporalmente la supervisión hasta establecer una nueva autoridad con sistemas de cumplimiento modernos.
En septiembre, varios alcaldes exigieron el derecho a otorgar licencias y gravar directamente los establecimientos de juego, argumentando la urgencia de recuperar ingresos perdidos tras perder confianza en el regulador nacional.
Reforma tributaria en camino
Las propuestas se enmarcan en una reestructuración más amplia bajo el gobierno de coalición formado en junio en Rumanía. El ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, tiene el mandato de revisar la tributación del juego. El ministerio prepara una reforma que entrará en vigor en junio de 2026, introduciendo tramos impositivos escalonados sobre ganancias de jugadores y aumentando tasas de licencia.
Nazare calificó las medidas de necesarias: «Queremos enviar una señal muy importante respecto a la tributación del juego, que sabemos muy bien lo perjudicial que resulta para las comunidades vulnerables cuando no se controla».
Aunque las propuestas del PNL y la USR difieren en alcance, reflejan un consenso dentro del bloque gobernante sobre la necesidad de reestructurar el sector. Se prevé mayor actividad legislativa en los próximos meses, con propuestas adicionales sobre educación, prevención y protección juvenil, posicionando 2026 como un año de cambio para el juego en Rumanía.
