
El juego online ha ido incrementando su popularidad en los últimos años y, por ende, los engaños y estafas en esta área también han crecido. Por ello, todos los organismos involucrados en este sector han decidido trabajar de manera conjunta para combatir la ilegalidad de los juegos en línea, a través del “Pacto por la legalidad en juegos de suerte y azar operados por Internet en Colombia”, por lo cual se elevó un acta que fue firmada el jueves 3 de setiembre por el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez; el presidente de Fecoljuegos, Evert Montero; el coronel Gelber Hernando Cortés Rueda, subdirector de investigación criminal de INTERPOL; y por el viceministro de Conectividad del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), Iván Antonio Mantilla Gaviria, en representación de la ministra, Karen Abudinen.
Juan B. Pérez informó que gracias a este pacto, en el que también participó la división de delitos cibernéticos de la Policía Nacional, se iniciarán las actuaciones para sancionar a los portales de juegos de suerte y azar ilegales, a los que de manera reiterada se les ha pedido que entren a la legalidad. “Iremos tras estos dominios, algunos ubicados fuera del país, para bloquearlos y evitar que sigan afectando el sector”, mencionó Pérez.

TRANSPARENCIA EN EL JUEGO
Se sabe que desde el 2018, el Ministerio de la TIC, el Centro Cibernético de la Policía Nacional (CECIP) y Coljuegos han trabajado conjuntamente en el desarrollo del protocolo de bloqueo de páginas URL y dominios con contenido de juego ilegal en Internet. A través de la realización de varias mesas técnicas, y con la participación de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y los Proveedores del Servicio de Internet (ISP), se han determinado los lineamientos a seguir para el bloqueo de páginas web de juegos ilegales.
Según Coljuegos, a la fecha se han bloqueado 4131 páginas de juegos ilegales, y se emprenderán nuevas medidas para poder limitar el acceso de sitios foráneos, buscando con eso proteger a los operadores legalmente autorizados en Colombia.
El viceministro de la TIC, Iván Mantilla, indicó que “con la firma de este pacto por la legalidad ratificamos, como Ministerio de la TIC, nuestro compromiso de trabajar articuladamente con Coljuegos, Interpol, Fecoljuegos y los demás actores que suman sus esfuerzos para contrarrestar la operación no autorizada de juegos de suerte y azar que operan por Internet (…) Promover el juego legal y responsable en el país es tarea de todos entre otras motivaciones para apoyar la salud”.
Con la alianza se fortalece la lucha contra la ilegalidad en la industria de los juegos de suerte y azar, a través de acciones puntuales tales como el mejoramiento en la eficiencia de las acciones de control y órdenes de bloqueo, el aumento de procesos de conocimiento del delito con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, además de la difusión de campañas de sensibilización y promoción del juego legal, lo que se traduce en un acceso a un Internet libre de páginas de juego ilegales y un consumo responsable y vigilado por el Estado para el disfrute de los ciudadanos colombianos.

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO
El Pacto por la Legalidad no es una nueva iniciativa, sino que se viene implementando desde el 2012. Esta estrategia es liderada por Coljuegos con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales que, a través de la operación ilegal en el juego, afectan los recursos de este sector que son destinados para financiar la salud de los colombianos.
Hasta inicios de este año se había firmado 19 Pactos por la Legalidad y el regulador buscaba implementar el vigésimo convenio con los juegos y apuestas online, debido a que el fenómeno de la ilegalidad aumentó en esta área.
Según Pérez Hidalgo, “los Pactos por la Legalidad están enmarcados en el primer eje del plan de desarrollo del Gobierno Nacional y construidos sobre los pilares de la seguridad y la justicia”. Desde Coljuegos se ha diseñado la estrategia “Jugar legal es apostarle a la salud”, con la que se busca mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control; aumentar los procesos de conocimiento del delito, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación; e impulsar una campaña de Sensibilización a la ciudadanía para que apueste solo en sitios legales.











































