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DGOJ impulsa la reforma de la Ley del Juegocon consulta pública

España

El proceso de consulta estará abierto hasta el 22 de junio y permitirá que cualquier ciudadano residente en España presente aportes y opiniones sobre los objetivos de la reforma y las medidas que podrían incluirse en la nueva regulación.

Por qué España necesita una nueva ley de juego

Desde su entrada en vigor, la legislación vigente no ha experimentado modificaciones estructurales significativas. En ese tiempo, el juego online pasó de ser una actividad marginal a convertirse en un segmento de alto crecimiento, con millones de usuarios activos y una oferta que incluye desde apuestas deportivas hasta juegos de casino en vivo.

Según el regulador, esta expansión trajo consigo nuevos riesgos: el avance de la oferta ilegal, el surgimiento de nuevos canales de captación de usuarios —incluyendo redes sociales y plataformas digitales— y la necesidad de contar con herramientas más precisas para detectar y atender conductas de juego problemático. La reforma apunta a fortalecer la protección de los consumidores y dotar a la DGOJ de instrumentos más eficaces para combatir el mercado ilegal.

Qué contempla la reforma: influencers, publicidad y operadores ilegales

Uno de los ejes centrales de la futura reforma es la regulación de la presencia de figuras públicas e influencers en la publicidad vinculada al juego. La propuesta contempla establecer límites más estrictos tanto para las promociones directas como para la publicidad orgánica en buscadores, con el objetivo de garantizar que únicamente aparezcan anuncios de operadores autorizados cuando las búsquedas estén relacionadas con apuestas o juego online.

Esta medida responde a una preocupación creciente sobre el impacto que tienen los creadores de contenido y las celebridades en las audiencias, en particular entre los grupos más vulnerables. El uso de referentes con gran alcance social para promocionar plataformas de juego —autorizadas o no— fue identificado como un factor de riesgo que la normativa actual no aborda con suficiente precisión.

Además, la reforma busca reforzar los mecanismos para combatir el juego ilegal, que según la DGOJ continúa captando usuarios a través de canales digitales de difícil control bajo el esquema regulatorio actual.

Las medidas que la DGOJ ya implementó en los últimos años

La consulta pública se enmarca en una serie de iniciativas que el organismo regulador viene desarrollando para modernizar la gestión del sector. Entre las principales acciones implementadas en los últimos años se destacan:

La activación de un algoritmo automatizado para la detección temprana de patrones de conducta de riesgo, que permite identificar usuarios con señales de juego compulsivo antes de que la situación se agrave.

La creación del Sistema de Límites Conjuntos de Depósitos, diseñado para evitar que los usuarios eludan los límites económicos establecidos simplemente cambiando de operador dentro de la misma plataforma regulada.

El desarrollo del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), elaborado en conjunto con las fuerzas de seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, con el fin de proteger a los ciudadanos víctimas de usurpación de identidad en el entorno del juego online.

El lanzamiento de la aplicación móvil «Stop Juego», que facilita la autoprohibición voluntaria y el bloqueo inmediato del acceso a plataformas de juego para quienes deseen alejarse del sector.

Cómo participar en la consulta pública

Cualquier ciudadano en España puede presentar sus opiniones y sugerencias a través del canal habilitado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La consulta permanecerá activa hasta el 22 de junio de 2026. Los aportes recibidos serán tenidos en cuenta para la elaboración del proyecto de reforma de la ley, aunque no tienen carácter vinculante.

Con esta consulta, la DGOJ busca abrir el debate regulatorio a la participación ciudadana.  En España, el mercado del juego online regulado movió miles de millones de dólares en los últimos ejercicios, lo que subraya la urgencia de contar con un marco normativo robusto, actualizado y orientado a la protección efectiva de los usuarios.

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