Aquí un repaso a lo ocurrido en la Unión Europea y los mercados de predicción en las últimas semanas. El pasado 16 de julio, la Autoridad Nacional de Juegos (ANJ) de Francia ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a Polymarket. El regulador señaló que la plataforma ofrece apuestas ilegales a un público amplio: 578.751 visitas y 205.057 visitantes únicos solo en junio.
La ANJ vigilaba a Adventure One QSS Inc, empresa operadora de Polymarket, desde noviembre de 2024. Tras una notificación formal, la compañía bloqueó geográficamente las transacciones desde Francia, pero el regulador indicó que esta restricción se evadía en la práctica.
El detonante final fue la sospecha de manipulación en algunas apuestas, incluidas las relacionadas con sensores meteorológicos. Una investigación de la Fiscalía de París reveló además que la plataforma carecía de verificación de identidad para sus usuarios europeos. Francia no actúa sola: Alemania, Bélgica, Rumania, Suiza, Polonia, Países Bajos, Grecia, Italia, Portugal, España, Ucrania y República Checa también restringen estos mercados.
El 3 de julio, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) sumó otro golpe. Recordó a las empresas que deben evaluar si sus contratos de eventos —productos con pago binario ligado a una pregunta de sí o no— califican como derivados financieros. Según el abogado Wulf Hambach, si el contrato se refiere a tipos de interés, divisas, materias primas o variables climáticas, se considera un derivado y queda sujeto a la prohibición de comercializar opciones binarias a clientes minoristas, vigente desde 2018.
Ismail Vali, presidente de Gaming Compliance International, sostiene que esta aclaración desmantela la idea de que los mercados de predicción son un producto universal aplicable a cualquier tema. Un contrato sobre el precio del bitcoin, explica, funciona como producto financiero binario y no como innovación de juego.
Diez días después, el 13 de julio, Gibraltar publicó un reglamento propio bajo su Ley de Juego de 2025, presentado como el primer marco específico del mundo para estos mercados. Exige certificación de cada contrato y prohíbe apuestas sobre delitos, muerte, terrorismo o guerra. Sin embargo, los expertos advierten que esta licencia no exime a los operadores de las reglas de la ESMA sobre derivados financieros, lo que deja fuera casi todo salvo los contratos deportivos.
El frente de Estados Unidos, un escudo financiero
En Estados Unidos, la lógica es inversa. Los operadores clasifican los contratos de eventos como futuros o swaps bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas, argumento que les permite invocar la ley federal para prevalecer sobre las leyes estatales de juego. Esta clasificación financiera actúa como escudo frente a los reguladores estatales de apuestas.
Vali advierte que este sistema generó un competidor con ventaja legal, que obtiene beneficios tanto de apuestas reguladas como no reguladas, cobra comisiones y opera con menor tributación y protección al consumidor.
Dos caminos opuestos
El contraste es claro: en Estados Unidos, la etiqueta financiera abre la puerta a operar sin las restricciones del juego regulado. En Europa, esa misma etiqueta activa la prohibición de opciones binarias y exige licencias como empresa de inversión. Tampoco el marco europeo de criptoactivos, MiCA, ofrece una salida, ya que excluye a los contratos financieros binarios tokenizados.
Para Hambach, los operadores globales deberán adaptarse a las normas de cada mercado, restringir sus productos y obtener licencias, o directamente abstenerse de operar donde no puedan cumplir. Vali resume la disyuntiva que enfrentan los reguladores: evaluar si estos mercados aportan protección al consumidor, integridad y recaudación fiscal, o si representan una fuga de capital y control regulatorio hacia jurisdicciones más permisivas.
