La Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó el proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en el país, aunque con modificaciones respecto al texto original. Ese cambio obliga a que la iniciativa regrese al Senado, cámara donde ya había recibido una primera aprobación, para que los legisladores revisen los ajustes introducidos antes de que la norma pueda convertirse en ley.
La legislación fue impulsada por los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista y busca ordenar un sector que, según el propio texto legal, opera bajo un marco disperso de leyes, decretos y resoluciones que requieren actualizarse a la realidad actual del mercado del juego en el país.
Qué objetivos persigue el proyecto de ley
La iniciativa tiene como propósito central establecer las normas que regulen la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con los juegos de azar y las apuestas en el territorio dominicano.
El texto también contempla la organización y el funcionamiento de estas actividades, junto con mecanismos que garanticen una recaudación eficiente de las tasas y los tributos que se generan a partir del juego y las apuestas. A la vez, busca fijar con claridad los deberes, derechos y obligaciones de los operadores, tanto en la modalidad física como en los canales electrónicos, informáticos, telemáticos, virtuales o interactivos, con el objetivo declarado de proteger los derechos de los usuarios.
Licencias, prevención del fraude y lavado de activos
Entre sus disposiciones, el proyecto propone establecer un régimen de autorización de licencias junto con un conjunto de obligaciones para los operadores de las distintas modalidades de juego y apuestas. La norma también incorpora herramientas orientadas a prevenir y sancionar los comportamientos fraudulentos, así como las actividades de lavado de activos en las que puedan incurrir los distintos actores que participan en el sector.
La ley será de aplicación para todas las personas físicas y jurídicas que operen locales o establecimientos instalados en el territorio dominicano, así como para quienes desarrollen su actividad a través de medios electrónicos, virtuales o dispositivos tecnológicos, siempre que cuenten con la autorización correspondiente. La normativa también alcanzará a las empresas que presten servicios tecnológicos, logísticos, de fabricación u otras actividades vinculadas al funcionamiento de la industria.
Quedan fuera del ámbito de la norma los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales, siempre que no generen transferencias económicamente evaluables ni impliquen un beneficio económico, directo o indirecto, para el promotor o los operadores.
Una moratoria de diez años para nuevas licencias
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la creación de una moratoria en el otorgamiento de licencias. A partir de la publicación del registro de licenciatarios, el texto establece que durante un período de diez años no se otorgarán nuevas licencias para la instalación de establecimientos de juegos de azar en el país.
La única excepción contemplada son los casinos ubicados en hoteles y en zonas turísticas, que quedan al margen de esta restricción temporal.
Restricciones de distancia para los establecimientos de juego
El proyecto también fija límites geográficos estrictos para la instalación de nuevos locales. La norma prohíbe abrir establecimientos de juegos de azar, en cualquiera de sus modalidades, a una distancia inferior a los quinientos metros lineales de escuelas, universidades, cuarteles policiales o militares, centros de atención para la discapacidad, centros de salud y sedes principales de los poderes del Estado.
A esto se suma una regla específica para las bancas deportivas, que deberán mantener una distancia mínima de quinientos metros lineales a la redonda entre sí, una medida orientada a evitar la concentración excesiva de puntos de apuestas en una misma zona.
Qué sigue para la regulación del juego en República Dominicana
Con la aprobación de la Cámara de Diputados ya concretada, el proyecto vuelve ahora al Senado, que deberá evaluar las modificaciones introducidas antes de que la legislación pueda sancionarse de forma definitiva. El resultado de esta nueva instancia legislativa será determinante para el futuro marco regulatorio del sector del juego en República Dominicana, un mercado que continúa a la espera de una ley integral que reemplace la actual dispersión normativa.
