En México, el proyecto de actualización de la Ley Federal de Juegos y Sorteos llegó a su fase final. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que el texto superó el análisis interno de la administración pública federal.
La funcionaria dio la noticia y explicó que el documento se presentó de forma preliminar ante la Cámara de Diputados en septiembre de 2025. Ahora solo falta la evaluación del Gabinete de Seguridad Nacional. Después, el Gobierno lo enviará al Poder Legislativo.
La norma vigente data de 1947 y mantiene restricciones generales sobre las apuestas y los juegos de azar, aunque contempla autorizaciones otorgadas por la Segob. Esta dependencia también tiene a su cargo la vigilancia de los establecimientos que operan bajo dicho régimen. Por esa razón, el Gobierno considera necesario modernizarla.
Una instrucción directa de la Presidencia
Según Rodríguez, la propuesta responde a una indicación de la Presidencia de la República. El mandato pide involucrar a todas las dependencias con competencia sobre casinos y casas de apuestas.
El propósito es adaptar las disposiciones legales a las características actuales del mercado y mejorar la coordinación entre las autoridades responsables de su regulación. La reforma también pretende reforzar la vigilancia de las operaciones y reducir los espacios para posibles irregularidades.
Reglas claras para los permisionarios en México
Desde el inicio de la actual administración, la Segob fijó condiciones precisas para los permisionarios. La dependencia exigió eliminar las prácticas corruptas y advirtió que clausuraría los negocios irregulares. También anunció que los funcionarios coludidos enfrentarían prisión.
A cambio, la dependencia se comprometió a avanzar en la atención de los trámites pendientes de los operadores.. Rodríguez subrayó que la Secretaría no trabaja con gestores ni intermediarios para atender asuntos de la industria. Con esa postura, el Gobierno busca que las empresas cumplan la ley por la vía directa y sin favores de por medio.
Fiscalización contra el lavado de dinero
La Segob coordina acciones con la Fiscalía General de la República (FGR) y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Esa labor conjunta busca frenar el lavado de dinero y la defraudación fiscal en los casinos de México.
El trabajo produjo sanciones y cierres de locales investigados. En dos años de gestión, el Gobierno mexicano reporta 13 casinos clausurados. La dependencia calcula que unos 20 establecimientos presentan irregularidades o tienen expedientes abiertos. Esa cifra indica que el número de clausuras podría aumentar si las investigaciones avanzan.
Qué sigue para la reforma en México
El siguiente paso es la revisión del Gabinete de Seguridad Nacional. Si la propuesta obtiene el visto bueno de esta instancia, podrá avanzar hacia el Congreso de la Unión para iniciar su correspondiente trámite legislativo.
Hasta ahora, la Segob no detalló cuándo enviará la propuesta ni qué cambios concretos contiene el articulado. Tampoco precisó fechas para el debate legislativo.
Un sector bajo mayor control en México
La reforma une dos objetivos que el Gobierno federal presenta como complementarios. Por un lado, busca reemplazar una ley que no responde a la realidad actual de los casinos y las salas de apuestas. Por otro lado, pretende dar a las autoridades herramientas para vigilar mejor a quienes operan con permisos oficiales.
La coordinación entre dependencias es el eje de la propuesta. Hoy intervienen la Segob, la FGR y la UIF, cada una con funciones distintas. El nuevo marco buscaría ordenar esa participación y evitar vacíos que favorezcan la impunidad.
Mientras el proceso avanza, la supervisión continúa. Los permisionarios deben cumplir las condiciones fijadas por la Segob, y los establecimientos con irregularidades siguen bajo la lupa de las autoridades. El resultado final dependerá de lo que decidan el Gabinete de Seguridad Nacional y el Poder Legislativo.
