El diputado bonaerense Martín Rozas reclamó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamente de inmediato la ley de celulares en las escuelas, promulgada a comienzos de noviembre. La norma regula el uso de estos dispositivos en los niveles primario y secundario y, entre sus objetivos, busca reducir la exposición de los menores a plataformas de apuestas ilegales. Según el legislador, todavía no se difundieron los lineamientos para aplicarla en las aulas.
La solicitud pone nuevamente sobre la mesa los desafíos de regular el acceso a la tecnología en los centros educativos, especialmente ante los riesgos asociados a las apuestas ilegales y la sobreexposición a las pantallas.
Una ley promulgada, pero sin lineamientos para las aulas en Buenos Aires
La ley fue promulgada tras su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, Rozas, autor de la iniciativa, advirtió que su implementación sigue pendiente porque la provincia aún no emitió la reglamentación correspondiente. Lo contó en una entrevista en el programa Wake Up de Radio Delta.
En esa charla, el diputado sostuvo que la regulación debe hacerse con carácter “urgente” y explicó que la Dirección General de Cultura y Educación todavía no lo consultó para definir cómo se aplicará la norma en las escuelas.
Por qué la reglamentación es clave
Una ley fija el marco general, pero es la reglamentación la que define cómo se aplica en la práctica. En este caso, esa etapa es la que debe traducir los principios de la norma en pautas concretas para los establecimientos educativos de la provincia. Mientras no se publiquen, las escuelas no cuentan con los lineamientos para poner en marcha lo que la ley dispone, y es justamente eso lo que Rozas reclama.
Qué establece la normativa
La ley dispone que los alumnos de entre 6 y 17 años de las escuelas bonaerenses reciban información sobre los efectos negativos de la exposición a las pantallas. Al mismo tiempo, regula el uso de los celulares durante la permanencia en los establecimientos, tanto de nivel primario como secundario.
La reglamentación también contempla la elaboración de protocolos y recomendaciones para las escuelas. Además, propone que las instituciones realicen un seguimiento y un análisis de su aplicación, con el fin de introducir ajustes o mejoras cuando sea necesario.
Regular, no prohibir: el enfoque del autor del proyecto
Rozas remarcó que el proyecto no apunta a vedar los dispositivos. Reconoció que el celular puede ser una herramienta útil para investigar y profundizar información, pero señaló que la sobreexposición a las pantallas durante el horario escolar tiene un impacto negativo. Por eso, planteó que su uso sea “regulado y no una prohibición”.
Desde su presentación, el diputado explicó que, aunque los celulares no son hoy un recurso fundamental para fortalecer la enseñanza, también es necesario atender situaciones que pueden derivar de su uso en la escuela, como el juego problemático y los vínculos sociales.
Información, protocolos y seguimiento: tres ejes de la norma
El texto se apoya en tres ideas complementarias. La primera es la información: que los estudiantes conozcan los efectos negativos de la sobreexposición. La segunda es la regulación del uso durante la jornada escolar, sin prohibiciones absolutas. La tercera es el seguimiento, ya que se propone que cada institución analice cómo funciona la aplicación y ajuste lo que haga falta. Ese esquema permite adaptar la norma a la realidad de cada escuela a medida que se pone en práctica.
El juego ilegal, una de las preocupaciones de fondo
Una de las inquietudes que impulsaron la norma es la participación de menores en plataformas de juego ilegales. En ese contexto, el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casino (IPLyC), Gonzalo Atanasof, compartió cifras sobre el mercado en la provincia ante la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense. La reunión se centró en el megaproyecto de ley que busca regular el juego online en el territorio.
Las cifras del mercado ilegal en la provincia
Según Atanasof, el juego ilegal representa el 80% del mercado en la provincia de Buenos Aires. El 20% restante corresponde a las siete plataformas autorizadas en el territorio.El funcionario indicó que el organismo no tiene posibilidad de controlar ese 80%. Explicó que solo puede aproximarse a esa actividad mediante el ciberpatrullaje y las denuncias que registra.











































