Una resolución de la Unidad de Análisis Financiero obliga a los casinos y salas de juego a aplicar diligencia debida desde operaciones de US $1.000. La norma alcanza también a remesadoras, casas de cambio e inmobiliarias, y exige identificar a los beneficiarios finales aun con pactos de confidencialidad.
Los casinos en Nicaragua deberán reforzar la identificación de clientes y la verificación del origen de los fondos, en el marco de una nueva resolución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la normativa el 5 de noviembre de 2026, según informó la prensa local.
Quiénes quedan alcanzados por la resolución
La disposición no se limita al sector del juego, también alcanza a remesadoras, casas de cambio, inmobiliarias y otros sectores no bancarios. Su ámbito incluye a entidades financieras no bancarias, empresas de remesas, casas de cambio, casinos, corredores inmobiliarios, comerciantes de piedras preciosas y vendedores de vehículos nuevos y usados.
Los bancos quedaron fuera de esta clasificación porque se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
La medida reúne y actualiza procedimientos preventivos que ya estaban contemplados en dos disposiciones aprobadas en 2019, vinculadas con las leyes 976 y 977, sancionadas en 2018.
Diligencia debida desde US$ 1.000 en casinos y salas de juego
Para los casinos y las salas de juego, la resolución establece la obligación de aplicar procedimientos de diligencia debida a partir de operaciones por US $1.000, el mismo umbral fijado para los comercios dedicados a la venta de piedras preciosas. En el caso de los vendedores de vehículos nuevos y usados, el límite se establece en US $5.000.
En todos los casos, las empresas deberán elaborar expedientes que permitan identificar a las personas que intervienen en las relaciones comerciales. Estos documentos deberán incluir la identidad de los clientes y contratantes, sus representantes y los beneficiarios finales de los recursos, así como información sobre su actividad económica, la estructura de propiedad y control, el propósito de la relación comercial y la procedencia de los activos.
Los acuerdos de confidencialidad no eximen del control
La obligación de identificar a las personas que participan en las operaciones se mantiene incluso cuando existan acuerdos privados de confidencialidad o sigilo. Este tipo de pactos no la suspende.
Contrapartes en el exterior y posible inmovilización de activos
La UAF exige que las entidades examinen a las contrapartes de las transacciones, aunque estén radicadas fuera del territorio nicaragüense. Si no cuentan con información suficiente sobre un beneficiario internacional, deberán completar los datos requeridos. Si no lo consiguen, el activo relacionado con la operación podrá quedar inmovilizado.
La resolución no prohíbe expresamente las transferencias de capitales fuera de Nicaragua. Lo que fija son obligaciones de información, identificación y verificación que deberán cumplirse antes de concretar las transacciones comprendidas en la regulación.
Operaciones relacionadas entre sí
La disposición contempla tanto transacciones individuales como movimientos separados que puedan estar vinculados. En esos casos, las entidades deberán analizar la conexión entre las operaciones y comunicar a la UAF la identidad de los clientes, contratantes, representantes y beneficiarios finales relacionados con los fondos transferidos.
Personas expuestas políticamente: riesgo alto automático
La normativa establece condiciones adicionales para los clientes extranjeros clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP). Estas personas recibirán automáticamente la categoría de riesgo alto.
Para iniciar o mantener una relación comercial con ellas, será necesaria la autorización de la máxima autoridad de la empresa. Esta deberá además realizar comprobaciones razonables sobre el origen de su patrimonio y aplicar un seguimiento reforzado de sus operaciones.
El Salvador también refuerza la prevención del lavado de activos
En otro país de la región, la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador obtuvo la certificación Nivel 1 del Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), otorgada por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). El reconocimiento se concedió tras una evaluación independiente que verificó seis aspectos de la gestión institucional: la existencia de una política preventiva aprobada por las autoridades, la designación de un oficial de cumplimiento, la inscripción vigente como sujeto obligado, la aplicación de procedimientos internos, la capacitación del personal y la planificación de auditorías.











































