En la actualidad, la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas se encuentra regulada mediante la Ley N° 27153, que fue publicada del 9 de julio 1999. Esta norma constituye la primera legislación que, de manera integral, regula al sector en Perú.
La industria del juego, como cualquier actividad empresarial, se encuentra afecta al Impuesto a la Renta. “Adicionalmente, por temas de políticas de Estado con relación a su importancia, se le aplica un impuesto especial a dicha actividad, denominado Impuesto a los Juegos, regulado finalmente por la ley N° 27796 del año 2002, con una alícuota (o tasa) que evolucionó con el tiempo, como consecuencia de la sentencia N° 009 del año 2001 del Tribunal Constitucional”, explicó Aracelli Cáceres, socia del Estudio Vidal, Cáceres, Gonzales Abogados, y directora del Área de Derecho Tributario. A ello se le agrega el impuesto selectivo al consumo (ISC), cuya aplicación rige desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1419, el 1 de enero del 2019.
Evolución de la normativa
La especialista remarcó que, a lo largo del tiempo, el Estado ha buscado ejercer un control sobre la actividad y ha establecido una política fiscal con relación a ella, con la finalidad de desincentivarla y de disminuir lo que denominan las “externalidades negativas”, que pueden generarse de dicha actividad”.
“Sin embargo, la manera de ejercer dichas políticas no siempre ha sido del todo entendible, y muchas veces se ha impuesto al empresario e inversionista de este rubro una serie de cargas difíciles de soportar, las que, en buena cuenta, tampoco eran muy eficaces en cuanto a los fines perseguidos o buscados por el Estado”, argumentó Cáceres.
En ese sentido, recordó que la Ley N° 27153 de 1999 motivó una serie de acciones judiciales por parte del sector, las que cuestionaban su aplicación como consecuencia de la invalidez e inconstitucionalidad del régimen tributario.
Se consideraba que la tasa del impuesto a los juegos establecido originalmente por dicha Ley era antitécnico y confiscatorio. “Este hecho motivó que fuera modificada por la ley N° 27796 del año 2002. Este nuevo marco normativo buscó, de manera eficaz y producente, establecer un tratamiento integral y uniforme aplicable a esta actividad. Son normas que, casi veinte años después, gozan de muy buena salud, y no solo son un éxito de aplicación e implementación nacional, sino también un ejemplo frente a la normativa internacional de la materia”, afirmó la directora del Área de Derecho Tributario.
Nuevo tributo
Hace poco más de un año entró en vigencia el ISC, que ha sido duramente criticado por todo el sector, al considerar que se están vulnerando los principios y derechos constitucionales. Uno de los gremios que mostró su preocupación, en ese entonces, fue la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja). A esta postura se suman las consultoras internacionales PricewaterhouseCoopers (PwC) y Ernst & Young (EY) que, tras un exhaustive estudio, terminaron respaldando la posición del sector.
En el caso de PwC se señala que la inclusión de los juegos de casino y máquinas tragamonedas en el ámbito de la aplicación del ISC no se encuentra dentro de los alcances contenidos en la delegación de facultades, debido a que no se respetan los parámetros constitucionales establecidos por el Tribunal Constitucional.
Mientras que por el lado de EY, se afirmó que el Impuesto Selectivo al Consumo no cumple con desincentivar el juego, ya que la carga del impuesto no se traslada al consumidor.
Pese a las idas y vueltas, el ISC continúo con su curso normal. ¿Cuál fue su alcance?
Camino por recorrer
Para la abogada Aracelli Cáceres, la industria del juego ya soportaba suficientemente la carga de un impuesto especial propio de la actividad, adicional al impuesto a la renta. “Con la expedición de la modificatoria del impuesto selectivo al consumo se añade una gravosa y, en nuestra opinión, inmerecida carga adicional al sector, lo cual reditúa necesariamente en sus resultados y no solo desincentiva la inversión futura, sino que perjudica injustificadamente las inversiones presentes ya realizadas”, precisó.
Sostuvo que los argumentos para sustentar la inconveniencia y contraproducencia de la norma se centran en que se ha demostrado que el ISC afecta a los ingresos y al patrimonio propio del operador del negocio. “Y además, por su propia naturaleza, en materia de juegos de azar no puede ser trasladado a los consumidores finales ni termina gravando la capacidad contributiva de estos últimos”, detalló.
En paralelo, desde diversos frentes se ha buscado dar marcha atrás al ISC, aunque sin respuesta alguna, al menos hasta el momento. “Se podría entender si dichas acciones se llegaran eventualmente a tramitar ante los órganos judiciales, en cuyo caso se verá de aplicar el control constitucional que corresponda por el hecho de, en mi opinión, transgredir principios constitucionales tales como la legalidad en materia tributaria, la igualdad ante la ley, la capacidad contributiva y no confiscatoriedad, así como el derecho constitucional a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la libre empresa y a la libre iniciativa privada”, afirmó la socia del Estudio Vidal, Cáceres, Gonzales Abogados.
En esa línea indicó que lo que se busca es “enmendar la estructura legal y constitucional que deben mantener los tributos en nuestro país”, sin que esto afecte o signifique un cuestionamiento a la capacidad del Estado de dictar o legislar los tributos que considere adecuados para la conducción económica del Perú.
