En los últimos años las autoridades que han dirigido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han manifestado su interés de incorporar al Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de los foros más importante del mundo, cuyo objetivo es promover soluciones económicas y sociales de acuerdo a estándares internacionales. Sus miembros concentran 60 % del comercio internacional, 80 % del PBI mundial y 75 % de inversión extranjera directa. Es por ello que la política fiscal peruana ha ido sumando cambios en la legislación interna tributaria y viene recibiendo mucha atención ya que es un eje central para lograr la integración.
Radiografía fiscal
Los principales impuestos aplicables a la actividad empresarial son el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). El primero grava a todas las rentas obtenidas de enero a diciembre; el segundo es de 18 % y se aplica a ventas, prestación de servicios, contratos de construcción e Importación de bienes; el tercero se impone a los movimientos financieros y su tasa es 0.005 %; y el cuarto es un impuesto al patrimonio cuya tasa es el 0.4 % sobre los activos netos que superen el millón de soles. Todo esto como resultado de varios intentos para simplificar el esquema.
Según algunos especialistas, el sistema tributario se ha caracterizado, por mucho tiempo, por ser insuficiente e inequitativo. Hacen hincapié en la injusta carga tributaria —que no se ajusta a la capacidad contributiva de cada sujeto— y que solo la asume el 27.3 % de la población. Del lado más optimista, organizaciones como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) prefieren referirse a una consolidación y recuperación fiscal gradual.
Y es que, luego de las sombrías cifras experimentadas entre el 2015 y 2017, la recaudación subió a 16.1 % del PBI. Durante el año pasado, los ingresos tributarios del Gobierno Central fueron de 110,768 millones de soles; estos representan un aumento de 6,178 millones de soles con respecto al 2018, superando así a la proyección del Marco Macroeconómico Multianual. Sin embargo, a nivel regional la percepción de impuesto es relativamente reducida, ya que Latinoamérica recoge 22.7 % y los países de la OCDE, 34.3 %.
Un año de presión
Ese oscuro lapso de baja recaudación inició un álgido debate en torno a si la cartera de Economía debía aumentar o no la presión tributaria; es decir, la intensidad con la se aplica las tasas impositivas. Esta es la manera más factible para lograr índices superiores de recaudo. Y así se hizo: el país cerró el 2019 con 14.4 % de presión, 0.3 % más del PBI respecto al año anterior, la más alta desde el 2015. La actual titular del MEF, María Antonieta Alva, prepara además un incremento del 0.7 % para este año.
No obstante, el Instituto Peruano de Economía (IPE) recomienda niveles altos cuando la evasión y la informalidad son menores. Por eso, las economías industrializadas suelen tener mayor presión tributaria que las economías en desarrollo, ya que favorece a la distribución equitativa de la obligación. De esto ya se ha advertido. Por ello, el término equidad ha sido repetido a lo largo del año anterior, considerando que es el principal problema de la justicia fiscal.
Ampliar la base
De la misma manera, Marcel Ramírez, economista consultor de Taxaction, ha insistido —a través de varios escritos— en que la calidad es más importante que la cantidad de la recaudación: la sostenibilidad de equilibrio fiscal. A inicios del año pasado, precisó que “el 78 % de la recaudación proviene de menos del 1 % de contribuyentes; el 50 % de los ingresos tributarios provienen del IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo cual ya demuestra que nuestro sistema tributario es regresivo y no equitativo”. Para el experto, ampliar la base tributaria consiste en reducir la brecha de incumplimiento, no aumentar el número de contribuyentes.
Los especialistas atribuyen el descomunal incumplimiento de pago, en parte, a las medidas inmediatas y estrategias cortoplacistas. Actualmente, la falta en contribución llega a 36 % en lo que respecta al IGV y 57 % en el Impuesto a la Renta (IR). Dicho sea de paso, ambos tributos son de los que más suman a los ingresos tributarios. Esta dependencia hace pensar en una diversificación de las fuentes fiscales. Asimismo, para hacer más efectiva la ampliación de la base tributaria, uno de los problemas más urgentes a resolver es el fenómeno de la informalidad.
El contribuyente del sector
El tejido empresarial formal peruano está conformado en 99.5 % por micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y solo el 0.5 % corresponde a grandes compañías. Y aunque sus tasas de creación y supervivencia son menores en comparación a otros países de Latinoamérica, cuenta con índices más altos que la mayoría de Europa.
Según el informe técnico de Demografía Empresarial del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2019, el número de negocios activos registrados en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2.7 millones, cifra mayor en 11 % en comparación al periodo del año anterior.
Es importante señalar que —pese al incremento numérico del estrato empresarial y su valioso aporte en la generación de empleo en todo el país— los elevados niveles de productividad laboral en alguna región o ámbito económico generalmente se deben a la presencia de un número pequeño de grandes empresas que gestan altos ingresos.
Por otro lado, y con respecto a la tributación, un análisis basado en los hallazgos de la Primera Encuesta Nacional de Empresas del Ministerio de la Producción indica que los contribuyentes descalifican la labor de la Administración Tributaria. El 77.5 % de las grandes compañías afirma que el trabajo de fiscalización es excesivo y el 44.2 % de las empresas medianas señala que los procedimientos tributarios son complicados.
Incremento patrimonial no justificado
Cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) debía fiscalizar los incrementos sospechosos de patrimonios, varios de estos derivaban de herencias y de donaciones. Aquella fue una situación que evidenció vacíos en la normativa tributaria y trabas para la inspección.
En países como Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina desde hace mucho existe un impuesto para estas dos fuentes con una baja tasa. En Perú hubo una en 1916, la Ley N° 2227, pero anteriormente ya se había estipulado las llamadas “mandas forzosas”, cuyos bienes se dirigían exclusivamente para fines religiosos y políticos. Ahora mismo no existe.
Se detecta incremento patrimonial no justificado cuando se ostenta signos exteriores de riqueza o una elevada capacidad de gasto sin que haya correspondencia con el nivel de ingresos declarados. Para ello, el cruce de información es esencial. Según el abogado tributarista Jorge Picón, las personas naturales son los sujetos que más evaden. Y con respecto a ocultamientos de dinero de gran magnitud, es conocida la utilización de las cuentas offshore.
Intercambio de información
A raíz del escándalo de los Panama Papers —la filtración informativa más grande de los últimos tiempos sobre evasión y paraísos fiscales— surge la preocupación por intercambiar data. La Sunat, por ejemplo, espera el primer paquete de información este año gracias a la suscripción de un acuerdo multilateral llamado Common Reporting Standard de la OCDE.
Este reporte ha sido recientemente actualizado y firmado por el Perú. Implica que los agentes financieros compartan sus bases de información financiera y tributaria con los Estados miembros sobre ganancias de capital, intereses y regalías, entre otros. “Los bancos quedan obligados a emitir automáticamente a las administraciones tributarias la existencia de cuentas bancarias fuera del territorio del país que hayan sido abiertas con un pasaporte de tu país”, expuso Picón en la conferencia Tributación en Juegos de Azar que se desarrolló a mediados de diciembre en Lima. Dicho intercambio puede ser automático, a solicitud o de manera espontánea.
Anteriormente, el país había firmado otros pactos bilaterales y multilaterales que tenían que ver con una reciprocidad similar, pero sin resultados satisfactorios ni fértiles. Por ello, se considera que esta cooperación internacional es un paso más a la transparencia fiscal y a la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
