El Boletín Oficial de España publicó el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el Proyecto de Ley que regulará los servicios de atención al cliente. Aunque el texto está orientado al consumo en general, incorpora modificaciones sustanciales en la regulación del juego online, devolviendo amparo normativo a disposiciones del Real Decreto 958/2020 que habían sido anuladas por el Tribunal Supremo en abril de 2024.
En España, el estudio de abogados Loyra explicó que el objetivo central de estas modificaciones es restaurar la cobertura legal a regulaciones que quedaron sin efecto tras la decisión judicial, además de elevar a rango de ley obligaciones que hasta ahora estaban dispersas en reglamentos técnicos. La iniciativa también busca anticipar futuros desarrollos regulatorios del sector, proporcionando un marco jurídico más sólido y menos vulnerable a impugnaciones judiciales.
Expansión del régimen de publicidad y comunicaciones comerciales
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la ampliación del régimen de publicidad, promociones y patrocinios. El texto refuerza el principio de consentimiento previo e incorpora expresamente el envío de comunicaciones comerciales por correo postal, modalidad que también requerirá autorización expresa del destinatario.
Las campañas publicitarias de los operadores solo podrán difundirse en servicios digitales que cuenten con mecanismos efectivos para impedir el acceso de menores de edad. Este ajuste coloca a redes sociales y plataformas de video bajo un nivel de control considerablemente más estricto, obligándolas a implementar sistemas de verificación de edad antes de mostrar contenido relacionado con juegos de azar.
Nuevas condiciones para promociones y bonos con rango de ley
Las condiciones para acceder a promociones y bonos, previamente anuladas por el Tribunal Supremo y ahora reintroducidas con rango de ley, quedan claramente definidas en el nuevo marco normativo. Los incentivos solo podrán dirigirse a usuarios con cuentas abiertas desde hace al menos treinta días y cuya identidad haya sido verificada documentalmente.
Según el dictamen, el objetivo es garantizar que el uso de promociones responda a un marco seguro, verificable y plenamente trazable, evitando que incentivos comerciales alcancen a usuarios no identificados o recién registrados.
Obligaciones en medios de pago y cuentas segregadas
En materia de pagos, la norma establece que los operadores deberán aceptar únicamente medios de pago nominativos y de titularidad del jugador. Esta obligación viene acompañada de la creación de cuentas segregadas en entidades de crédito españolas, destinadas exclusivamente a custodiar cuentas de juego, premios y depósitos.
El gobierno justifica esta decisión en la necesidad de garantizar la protección del usuario frente a eventuales crisis empresariales o tecnológicas que pudieran afectar la solvencia de los operadores. Adicionalmente, la norma obliga a las empresas del sector a elaborar un manual de prevención del fraude que describa detalladamente los procedimientos internos para detectar y mitigar irregularidades en las transacciones.
Creación del Registro de Proveedores de Juego
El texto añade un marco jurídico específico para proveedores tecnológicos, incluyendo plataformas, desarrolladores de software y agregadores de contenido. La novedad más significativa es la creación del Registro de Proveedores de Juego, en el que deberán inscribirse todas las empresas que presten servicios a operadores con licencia en España.
Esta inscripción será condición indispensable para homologar componentes del sistema técnico que dependan de terceros. El dictamen también introduce una infracción grave para quienes ofrezcan estos servicios sin título habilitante, estableciendo sanciones económicas significativas para desincentivar la operación irregular en este segmento del mercado.
Análisis previo de Loyra sobre regulaciones del sector
Semanas atrás, Loyra Abogados compartió una actualización sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló parte de las restricciones territoriales impuestas por la Generalitat Valenciana en materia de publicidad de juegos de azar.
Además, el estudio revisó la propuesta regulatoria del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que pretende establecer nuevos límites a la publicidad, las promociones y los contenidos digitales vinculados al azar. Los proyectos buscan revisar aspectos que van desde las cajas de botín o «loot boxes» en videojuegos hasta las franjas inferiores de los anuncios publicitarios en televisión.
En este contexto, Loyra también repasó el nuevo proyecto de resolución impulsado por la DGOJ, actualmente en fase de audiencia pública, que obligará a todos los operadores a incluir advertencias explícitas sobre los riesgos del juego problemático en cualquier comunicación comercial, independientemente del canal o formato utilizado.
