Las plataformas de juego en línea que operan sin licencia o en zonas regulatorias difusas representan un desafío creciente para los estados estadounidenses. Durante la Reunión de Invierno del Consejo Nacional de Legisladores de los Estados con Juegos de Azar en San Juan, Puerto Rico, expertos analizaron este viernes las herramientas disponibles para proteger los ingresos fiscales y a los consumidores.
El problema tiene dimensiones considerables. Según un estudio de agosto de la American Gaming Association, las empresas de juego en línea no reguladas generaron 18,600 millones de dólares en ingresos el año pasado, un aumento del 38% respecto a 2022.
Leyes obsoletas en algunos estados ante la tecnología actual
Jay Atkins, director de asuntos gubernamentales de FanDuel y ex fiscal general adjunto de Missouri, señala que las leyes estatales sobre juegos de azar necesitan una actualización urgente. Muchas regulaciones actuales fueron diseñadas para escenarios donde alguien «tiraba dados en un callejón» y podía ser arrestado físicamente.
«La ley no se ha puesto al día con la tecnología y el modus operandi de las modernas instalaciones de juego ilícito», explicó Atkins. Propone que los fiscales generales usen la jurisdicción original concurrente, donde tribunales estatales y federales persiguen el mismo caso simultáneamente para lograr mayor impacto.
Seguir el dinero en los estados
Jonathan Blanton, primer fiscal general adjunto de Ohio, describe la dificultad de frenar una «conducta que busca evadir la ley». Los operadores ilegales simplemente reaparecen bajo diferentes nombres cuando enfrentan procesos civiles.
Su solución: rastrear y confiscar el dinero. «Hasta que no comencemos a erradicar las formas en que mueven dinero y acceden a nuestros mercados, no llegaremos a la raíz del problema», afirmó. Blanton subraya la importancia de establecer regulaciones adecuadas, geolocalización efectiva e identificar las ubicaciones reales de los operadores.
El funcionario destaca la inutilidad de enviar cartas legales a operadores en Filipinas u otros países. La clave está en tener capacidad para apropiarse del dinero, cerrar mecanismos de comercio y bloquear el acceso a los mercados.
La necesidad de cooperación federal
Los estados cuentan con recursos limitados que rara vez se extienden más allá de sus fronteras. El ex fiscal federal Greg Brower enfatiza la importancia de aprovechar el poder del Departamento de Justicia federal, que puede coordinar actividades de cumplimiento a nivel nacional.
«Gran parte de la actividad de la que hablamos es interestatal, por lo que existe un vínculo jurisdiccional para el FBI y los federales», explicó Brower. Recomienda que los legisladores fomenten la colaboración entre fiscales estatales y el gobierno federal.
El desafío aumenta cuando los operadores están en el extranjero. Aunque varios estados lograron expulsar a Bovada, con sede en Curazao, procesar a operadores internacionales resulta extremadamente difícil. En agosto, 50 fiscales generales estatales solicitaron al Departamento de Justicia asumir un papel más amplio contra sitios extranjeros.
Opiniones del fiscal general como herramienta
El abogado Daniel Wallach propone usar las opiniones del fiscal general, una facultad «gravemente infrautilizada». Aunque no constituyen ley, tienen gran peso. El ejemplo de Luisiana resulta ilustrativo: tras una opinión formal de la fiscal general Liz Murrill, todos los operadores de casinos de apuestas abandonaron el estado en semanas, un proceso que mediante legislación habría tomado meses.
Apuntar a la cadena de suministro
Para sitios nacionales que operan al margen de la legalidad, como los casinos de sorteos que se presentan como promociones gratuitas, Wallach sugiere atacar la «cadena de suministro»: servicios de geolocalización, bancos y procesadores de pagos.
Varias leyes estatales ya incluyen disposiciones que responsabilizan a estos actores secundarios, particularmente en el sistema de «doble moneda» de los casinos de sorteos. «Todo posible vendedor está ahora sujeto a enjuiciamiento penal en esos estados por su participación en productos ilegales», concluyó Wallach.
