El Comité de Turismo y Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Alabama (Estados Unidos) aprobó un amplio paquete legislativo de expansión del juego en su jurisdicción.
El proyecto de ley HB 151 de la Cámara, con una enmienda constitucional que enviaría la decisión final a los votantes en noviembre de este año, contó con el respaldo de 70 votos contra 32. Posteriormente se debatió el HB 152, la legislación habilitante, que obtuvo la aprobación con 67 votos contra 31.
El boque de iniciativas permitiría las apuestas deportivas minoristas y online, hasta 10 licencias para casinos tradicionales y una lotería administrada por el estado. Aparte de Alabama, en Estados Unidos tampoco hay lotería estatal en Utah, Nevada, Alaska y Hawaii.
Medios estadounidenses informaron que una enmienda constitucional a la nota fiscal del HB 151 permitiría a la tribu Poarch Band of Creek Indians abrir un casino fuera de sus tierras, algo singular en Estados Unidos, donde estos salones tribales operan solo en territorio indio.
Se autoriza hasta 4 licencias de casino para los Poarch Band of Creek Indians, quienes ya tienen 3 salones operando bajo la Ley Regulatoria Federal de Juegos Indios y la cuarta ubicación está sujeta a propuesta de la tribu. Las otras 6 ubicaciones elegibles son la ciudad de Birmingham y los condados de Greene, Houston, Mobile, Lowndes y Macon.
También propone la legalización de las apuestas en deportes profesionales y universitarios, así como deportes electrónicos, eventos de videojuegos y eventos olímpicos. Sobre las apuestas deportivas online, de momento no hay un límite en la cantidad de plataformas que podrían obtener licencia.
El paquete incluye un impuesto del 17% sobre las apuestas deportivas. Los ingresos de los casinos se gravarían con un 24 %, pudiendo generar hasta 492,2 millones de dólares para el estado. Se estima que la lotería aporte más de 300 millones de dólares al año.
La propuesta, que no toma en cuenta la legalización de los casinos online, ya pasó al Pleno de la Cámara de Representantes. Para convertirse en ley, también debe tener la aprobación de la gobernadora Kay Ivey.
