La Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), promulgada en 1947, constituye uno de los sistemas regulatorios con más historia en el ordenamiento mexicano. A pesar de que reglamenta un sector altamente dinámico, su poca adaptación a la realidad genera ambigüedades legales, así como una creciente desconfianza hacia la forma en que se otorgan y supervisan los permisos para operar en el país.
En este contexto, la iniciativa de reformar la ley del juego representa no solo una necesidad jurídica y técnica, sino también un esfuerzo por modernizar la industria del juego, proteger a los consumidores y prevenir posibles delitos financieros. Todo ello sin sacrificar la competitividad ni el desarrollo económico que este sector puede generar si es bien regulado.
UNA LEY ANCLADA AL PASADO
A principios del siglo XX, durante el mandato del presidente mexicano Porfirio Díaz, se dio a conocer el primer Decreto Legislativo que permitió la operación de casinos con fines turísticos. Años más tarde, en 1947, el jefe de gobierno Miguel Alemán Valdés promulgó la Ley de Juegos y Sorteos, que sigue vigente en el país de la tierra del sol a casi 80 años de su publicación.
De acuerdo con la legislación, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) —a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS)— es el organismo responsable de regular y supervisar todas las actividades relacionadas al sector. En ese sentido, se le atribuyeron 36 facultades para autorizar, controlar, vigilar, tramitar y resolver todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ley.
Con solo 17 artículos, la norma tenía como premisa básica explicar —de forma general— los juegos que se permitirían en México: ajedrez, dominó, dados, bolos, billar, carreras de vehículos, carreras de animales, entre otros. Por el contrario, los juegos de azar y de apuestas quedaban prohibidos en el primer artículo del reglamento.
Debido a los vacíos legales que presentaba la LFJS, los principales actores de la industria realizaban múltiples interpretaciones de la norma, generando confusión al momento de su aplicación en las operaciones cotidianas del sector. A raíz de esto, las autoridades gubernamentales realizaron varias modificaciones que condujeron a la publicación del Reglamento de la Ley.
SIGLO XXI: UN NUEVO COMIENZO
Con la llegada del internet y las plataformas digitales, las formas de juego evolucionaron considerablemente. Los casinos en línea y las apuestas deportivas virtuales comenzaron a ganar gran notoriedad entre los amates de los juegos de azar. Sin embargo, recién en el 2004 se llevaron a cabo modificaciones significativas en la regulación del sector.
Con el objetivo de proporcionar mejores directrices para la industria, el 17 de septiembre de ese mismo año se publicó el Reglamento de la LFJS. El primer gran cambio fue la incorporación de la modalidad de juegos y sorteos en línea, así como vía telefónica o electrónica.
Cabe señalar que el Reglamento está dividido en cinco títulos, con un total de 153 artículos, los cuales abarcan desde las disposiciones generales hasta capítulos más específicos en materia de supervisión, control, vigilancia y sanciones. Sobre este último, menciona que existen cinco tipos de penalización: multa, arresto, suspensión de funciones, revocación del permiso y clausura de establecimiento.
Para no caer en alguna infracción, es necesario que cada operador gestione ante la SEGOB un permiso de operación, promoción y/o difusión de cualquier sorteo o evento de apuestas que realice. Para los sorteos, el artículo 91 precisa que estos deben ser de convocatoria masiva, contar con premios y con un registro de participantes. En el caso de las apuestas, el artículo 43 añade que “el operador deberá asegurar un adecuado manejo de la información y evitar la inducción al error y su manipulación”.
INTENTOS DE CAMBIO
Entre los gobiernos de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto se llevaron a cabo más de diez intentos por reformar las regulaciones alrededor del juego. Sin embargo, fue hasta el 16 de noviembre del 2023 que el expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que modificaba el Reglamento.
Uno de los cambios más discutidos fue la prohibición de tragamonedas tipo slot en salas no autorizadas. Esta variación generó debates entre los involucrados, ya que la legalización de las máquinas tragamonedas fue el resultado de un largo proceso durante el gobierno de Felipe Calderón. En ese entonces, la Suprema Corte las había clasificado como juegos de lotería y no como juegos de azar.
Con la derogación del capítulo VIII del Reglamento, las máquinas tragamonedas vuelven a quedar excluidas de los juegos permitidos por Ley. En cuanto a la renovación de licencias ya existentes, los permisos previos al Decreto del 2023 serán respetados y tendrán una duración de 15 años como máximo (anteriormente era de 25 años).
Según la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), los slots representan el 85% de los ingresos de los casinos. Si bien la medida no se verá reflejada de inmediato en el sector, ya que la mayoría de los permisos vencen entre 2028 y 2033. Además, algunas licencias podrían extenderse hasta 2038, y si se excede el plazo, los casinos tendrían hasta 15 años para adaptar o detener sus operaciones.
OPINIONES ENCONTRADAS
Para las autoridades estatales, el Decreto tiene como objetivo promover las prácticas de juego responsable; para ello, ha centrado sus esfuerzos en cuidar a los usuarios más vulnerables, como menores edad y personas con problemas de límite de juego. En ese sentido, la SEGOB ha reafirmado su compromiso y convicción en que “las reformas son imprescindibles para cerrar la puerta al juego ilegal y proteger a los menores”.
Asimismo, el Reglamento incorpora por primera vez el concepto de apuestas remotas. Para validar la legalidad de la operación, la norma establece que en las plataformas de apuestas deportivas y casinos online se implementen controles de validación, como el registro biométrico, los límites diarios de apuesta y la trazabilidad de cada transacción.
Aunque el objetivo de la reforma era modernizar el sector y protegerlo de operaciones de lavado de activos, la modificatoria ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de México al alegar que viola la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947.
En los últimos meses, el organismo jurídico revisó una serie de amparos para permitir que los casinos amplíen su oferta de juegos, incluyendo máquinas tragamonedas, ruleta y dados. Gracias a este mecanismo, los empresarios del sector ya cuentan con medidas legales que les han permitido operar alrededor de cincuenta casinos sin las restricciones de la reforma.
A FAVOR DE UNA NUEVA LEY
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado interés en crear un nuevo marco legal para regular la industria del juego. Aunque aún no existe un proyecto de ley concreto, a finales de 2024, los principales actores del sector se reunieron con Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, para trazar una ruta hacia la modernización de la industria.
No sorprende esta iniciativa por parte del Estado, considerando el impacto económico significativo que tiene la industria del juego en México. Según datos oficiales, los casinos generan alrededor de 50 000 empleos directos y contribuyen con 5000 millones de pesos en impuestos federales anuales. Sin embargo, estos números podrían aumentar considerablemente si se implementara una regulación más clara.
Una legislación adecuada no solo permitiría combatir las apuestas ilegales, sino que también fomentaría nuevas inversiones. Para Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA, el 60% de las apuestas online operan al margen de la ley, mientras que el 40% restante se enfrenta a una competencia desleal que perjudica tanto la recaudación fiscal como la transparencia del sector.
“Por primera vez, vemos que el Gobierno Federal está encabezando este esfuerzo, el cual abre la oportunidad de construir un marco legal que fomente la transparencia, combata el mercado ilegal y genere mayor atracción de inversión nacional e internacional”, sostuvo el titular de AIEJA.
