Con la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, los apostadores deben prestar especial atención acerca de dónde hacen sus apuestas de cara al torneo, ya que crece la posibilidad de encontrarse con sitios ilegales.
Es por eso que desde la Junta de Protección Social (JPS) recuerdan que, si bien las apuestas están reguladas en Costa Rica, la entidad es la única autorizada para regularlas.
Esmeralda Britton, presidente de la JPS, dijo en conferencia de prensa: “Las apuestas y todo juego de azar, exceptuando los casinos, son potestad de la JPS, exclusivamente y así lo garantiza la ley”.
“Las personas físicas y jurídicas están anunciando que se pueden hacer apuestas y que han solicitado licencias comerciales o patentes no domiciliadas para explotar juegos de azar, basados en la Ley Número 9050 de impuestos a casino y empresa de enlace de llamadas de apuestas electrónicas, que lo que permite es tener call-center para que puedan colocar apuestas al exterior”, aseguró.
Britton aseguró que ya están tomando medidas contra dichas páginas: “No podemos permitir que se sigan desviando los recursos para atender bolsillos privados y no el bien social”, dijo.
La asesora de la JPS, Marcela Sánchez, explicó que “estas personas se están basando en la Ley 9050 para alegar que están autorizados para realizar apuestas electrónicas en el país, lo cual no es cierto”.
En ese sentido, Sánchez detalló: “Esta ley es de carácter tributario y tiene su antecedente en un antiguo proyecto de ley que pretendía regular a los casinos y al final terminó siendo una norma tributaria, que coincidió, con esa coyuntura, de esos centros de apuestas de llamadas que en aquel momento dejó desamparados a trabajadores nacionales, se fueron del país, y no fueron responsables con sus obligaciones”.
La asesora de la entidad hizo hincapié en que esa ley no faculta a vender, comercializar o explotar apuestas electrónicas en el país: “La competencia la tiene la JPS. Lo único que hace es establecer un impuesto a esas empresas que brindan servicios por cada 50 empleados que tengan contratados”.
Por su parte, Myriam Solano, gerente general de la institución, dijo que aquellas personas que participen de estas actividades ilegales también se exponen a estafas y agregó que la JPS fue creada para proporcionar recursos para temas sociales, ya que hay varias organizaciones que dependen de la entidad.
