El pleno de las Cortes de Aragón ha dado luz verde al dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de modificación de la Ley del Juego de Aragón, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente su territorio.
De este modo, termina un larguísimo periodo de tres años de estudios, consultas y debates que consolida la nueva Ley del Juego de Aragón, que modifica y adapta la normativa aprobada en el año 2000, que ha sido respaldada enérgicamente desde diferentes sectores, y que fue aplaudido y jaleado en la cámara por numerosas asociaciones que han luchado con constancia por este cambio en la norma cuyo objetivo primordial es compaginar la actividad y la seguridad jurídica de un sector económico legal con la protección a los colectivos más vulnerables, sobre todo a los jóvenes y a las personas que presentan adicción al juego.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley es la prohibición de abrir o ampliar instalaciones a menos de 500 metros de la entrada de los centros educativos. Con esta limitación, establecida en virtud de la atribución exclusiva que tiene la comunidad en materia de juego, apuestas y casinos, se logra que la cercanía a los locales de juego no constituya un reclamo que induzca a uno de colectivos más sensibles, el que componen menores y jóvenes, a convertirse en adictos al juego.
Además, en las tragaperras habrá un cuestionario inicial en que el jugador deberá responder sobre su edad y su comportamiento responsable. Estas máquinas tragaperras no podrán emitir señales lumínicas o sonoras cuando no estén en uso y hay una prohibición expresa sobre la publicidad y los patrocinios que estimulen la práctica del juego.
Especial énfasis en la prevención
Se trata de adelantarse a los problemas e intentar que a la población sensible no le resulte fácil acceder al juego. Ese es el espíritu de los programas de prevención de la ludopatía que establece la normativa, así como la creación de una comisión técnica de coordinación interdepartamental, con el fin de coordinar la política de las distintas consejerías del gobierno en materia de juego.
La iniciativa más polémica del texto era el refuerzo jurídico a la prohibición de sacar dinero en efectivo desde las máquinas TPV (terminal en punto de venta) con tarjeta de crédito. Ya figuraba como sanción muy grave, pero debido a su redacción dejaba ciertas dudas jurídicas que en algunas ocasiones no acababa en las sanciones esperadas.
