Desde el 16 de noviembre de 2023, fecha en la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (“Reglamento”), el sector de juegos con apuesta en México ha transitado por un camino jurídico accidentado y sin rumbo claro.
Los medios y recursos de defensa legal no se hicieron esperar. Como es sabido por quienes formamos parte de esta industria, durante los últimos días del 2023 y a principios del 2024, diversos actores promovieron procedimientos judiciales llamados “juicios de amparo” y obtuvieron suspensiones a los primeros actos de aplicación en consecuencia de la reforma mencionada que, si bien no resolvían de fondo el conflicto, sí revelaban algo importante: había razones legítimas para cuestionar la constitucionalidad y legalidad de las nuevas disposiciones del Reglamento. Más recientemente, sobre todo en el trayecto de este año, la mayoría de las sentencias han empezado a llegar a sus etapas finales, alcanzando firmeza o resoluciones de última instancia que dan la razón a la industria. En teoría, este debería ser un momento de tranquilidad, certeza y reivindicación del Estado de Derecho, pero la realidad es otra.
PROCESO A LA DERIVA
A pesar de contar con resoluciones firmes concedidas por los órganos de control constitucional, permisionarios, operadores y proveedores se han topado con una dura verdad: la ejecución de las sentencias no está siendo clara, ni puntual, ni eficaz. Ciertas autoridades administrativas han mostrado, en más de un caso, una preocupante reticencia a acatar los mandatos de los tribunales federales. Algunas veces simplemente guardan silencio; otras responden con ambigüedad o posponen decisiones clave. El mensaje es desconcertante: aun ganando, se puede perder. Y ahora, el panorama se nubla aún más.
El proceso de transformación del Poder Judicial, cuya implementación activa inició con la elección del 1º de junio de 2025, ha añadido una nueva capa de incertidumbre. Aunque aún no conocemos con precisión la dimensión de los cambios, ni su impacto real con la llegada de nuevos jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que el momento no podría ser más delicado. ¿Qué garantías existen de que todos estos flamantes juzgadores –algunos de reciente ingreso y con limitada experiencia– tendrán la autonomía, la preparación y el compromiso institucional para hacer valer las decisiones judiciales en contra del propio gobierno que, en muchos casos, contribuyó con sus nombramientos?
UNIDAD Y LEGALIDAD
El sector del juego con apuesta ha vivido históricamente en un vaivén regulatorio puesto que México nunca ha gozado de una política pública clara, ni de un marco jurídico acorde con la realidad, ni con las prácticas internacionales. Sin embargo, al menos existía una mínima contención: la posibilidad de acudir ante un juzgado como un contrapeso. Hoy, esa válvula de protección parece estar expuesta.
Esta situación coloca al sector en una posición de incertidumbre, en una especie de limbo. Sin reglas claras, sin lineamientos técnicos consistentes, y ahora con la incógnita que se vive en el país en el ámbito judicial, la inseguridad jurídica podría alcanzar niveles nunca antes vistos. Y el problema no es solo para las empresas: también lo es para los miles de empleos, inversiones, plataformas tecnológicas y programas de cumplimiento que se han construido con esfuerzo y visión de largo plazo durante las últimas dos décadas.
Ante este panorama, es indispensable alzar la voz y generar unidad. La fragmentación histórica de la industria del juego en México ha sido funcional para quienes prefieren mantenerlo en la opacidad. Por eso, hoy más que nunca, se requiere cohesión, colaboración, y una narrativa común que defienda los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos adquiridos.
No se trata de oponerse a la transformación del Poder Judicial –que puede ser positiva en cierta medida– ni de negar la necesidad de mejorar la regulación del sector. Se trata de exigir que cualquier cambio se haga respetando la Constitución, el principio de legalidad, y los derechos que han sido reconocidos por sentencias firmes.
Si el nuevo modelo de justicia quiere legitimarse, este es el momento para demostrar que puede proteger también a los sectores productivos de la economía mexicana que no suelen salir en los discursos oficiales. A los que, aun en silencio, han generado innovación, empleo y responsabilidad social.
Desde este espacio, hacemos un llamado respetuoso a los empresarios, a nuestras autoridades, a las asociaciones, a todos los actores interesados: dialoguemos, ¡unámonos por el bien de este hermoso y generoso lugar que es México! Porque en momentos de cambio, quien no se adapta, involuciona.
