Brasil enfrenta una controversia creciente sobre la política fiscal aplicada a su mercado de apuestas recientemente regulado. Plínio Lemos Jorge, presidente de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), ha expresado su preocupación por la estrategia gubernamental de utilizar el sector como mecanismo para cerrar brechas presupuestarias.
El esquema tributario implementado contempla un incremento escalonado en la tasa impositiva basada en los ingresos brutos del juego (GGR). La tasa alcanzará el 13% a finales de 2026, posteriormente subirá al 14% en 2027 y llegará al 15% a partir de 2028. Este sistema de aumentos graduales fue diseñado aparentemente para permitir que los operadores se adapten progresivamente a las nuevas condiciones fiscales, sin embargo, la acumulación de otras contribuciones tributarias ha generado inquietud en toda la industria.
Carga tributaria total podría alcanzar el 50% para operadores con licencia
Además del impuesto principal sobre el GGR, los operadores deben enfrentar contribuciones adicionales que incluyen un impuesto PIS/Cofins del 9.25% y gravámenes municipales que pueden alcanzar hasta el 5% sobre cada depósito de jugador. Esta acumulación de cargas fiscales elevaría la tributación total del sector hasta aproximadamente el 50%, una cifra que supera significativamente los estándares internacionales en mercados regulados comparables.
La situación se complica con la propuesta del Proyecto de Ley Antifraude, que contempla un impuesto adicional del 15% sobre los depósitos de jugadores a operadores con licencia, conocido como CIDE-Bets, cuya aprobación está pendiente de votación en los próximos meses. Esta medida, aunque presentada oficialmente como un mecanismo para combatir organizaciones criminales, ha generado preocupación entre los operadores legítimos que temen convertirse en las principales víctimas de una política diseñada supuestamente para proteger el mercado regulado.
ANJL alerta sobre riesgo de migración hacia mercado ilegal
Lemos Jorge manifestó que durante 2025 el sector fue tratado repetidamente como una «solución rápida» para los desafíos presupuestarios del país, lo que representa una contradicción fundamental con los objetivos de la regulación establecida el 1 de enero de 2026. Esta percepción de que el gobierno está utilizando el sector como una fuente de ingresos de emergencia, en lugar de desarrollarlo estratégicamente como una industria sostenible, ha levantado señales de alerta entre todos los actores del mercado.
Según el presidente de la ANJL, la fiscalidad excesiva genera el efecto contrario al pretendido: incentiva a los apostadores a migrar hacia plataformas ilegales, muchas de ellas operadas por organizaciones criminales con alcance internacional, reduciendo la recaudación y debilitando a las empresas que optaron por la legalidad. Este fenómeno no es teórico sino que ya se ha observado en otros mercados latinoamericanos donde políticas fiscales agresivas han fortalecido paradójicamente el mercado negro que pretendían combatir.
Operadores pequeños y medianos enfrentan amenaza de supervivencia
El incremento tributario plantea desafíos diferenciados según el tamaño de los operadores. Actualmente, aproximadamente 80 empresas poseen licencias para operar en Brasil, pero el impacto no será uniforme en todo el sector. Esta diversidad de operadores, que incluye desde gigantes internacionales hasta empresas locales emergentes, representa uno de los aspectos más valiosos del mercado brasileño, pero también su mayor vulnerabilidad ante políticas fiscales indiscriminadas.
Los grandes operadores cuentan con mayor capacidad financiera para absorber aumentos de costos, mientras que las empresas medianas deberán realizar esfuerzos significativamente para mantener su competitividad. Los operadores más pequeños enfrentan un riesgo grave de no poder continuar sus operaciones bajo estas condiciones fiscales. Esta situación podría resultar en una consolidación acelerada y forzada del mercado, donde solo sobreviven aquellos con los recursos financieros más profundos, eliminando la diversidad competitiva que caracteriza a los mercados de apuestas más saludables a nivel global.
Concentración del mercado amenaza objetivos regulatorios
Lemos Jorge advierte que un entorno excesivamente concentrado, con un número muy reducido de empresas autorizadas, contradice los objetivos fundamentales de la regulación brasileña. La presencia de solo unos pocos operadores en el mercado regulado durante 2026 debilitaría la competencia, reduciría la innovación y podría comprometer la credibilidad de una regulación que fue desarrollada con cuidado técnico.
El presidente de la ANJL enfatiza que las iniciativas fiscales mal calibradas ponen en peligro precisamente el objetivo de la regulación: fortalecer un mercado transparente, seguro y económicamente viable. Resulta contradictorio debilitar el mercado regulado justo cuando comienza a estructurarse tras su reciente lanzamiento. La regulación brasileña fue celebrada inicialmente como un modelo potencial para otros países de la región, pero las decisiones fiscales subsecuentes están erosionando esta reputación y generando dudas sobre el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible del sector.
Presión fiscal podría desincentivar inversión extranjera
La incertidumbre tributaria y el aumento continuo de impuestos representan amenazas para la seguridad jurídica del mercado brasileño de apuestas. Esta situación podría provocar desinversión por parte de empresas internacionales debido a la falta de confianza en la estabilidad regulatoria y fiscal del país. Los inversionistas internacionales valoran especialmente la predictibilidad y la coherencia en las políticas gubernamentales, elementos que parecen estar ausentes en el enfoque actual del gobierno brasileño hacia el sector de apuestas.
El sector enfrenta el desafío de cumplir con nuevos requisitos regulatorios mientras absorbe incrementos significativos en sus obligaciones tributarias, todo esto en las primeras etapas de operación del mercado legal. Esta situación podría convertir a Brasil en un caso de estudio negativo sobre cómo no regular un mercado de apuestas, desalentando inversiones futuras no solo en el sector del juego sino potencialmente en otras industrias que observan cómo el gobierno maneja las políticas fiscales en sectores recientemente regulados.
