El mercado del juego en línea colombiano atraviesa una etapa de transformación continua, marcada por ajustes regulatorios y debates sobre la presión fiscal aplicada al sector. Desde el 2016, año en que el país se convirtió en la primera nación de la región en regular de manera integral las apuestas por internet, el segmento digital ha crecido de forma sostenida, consolidándose como uno de los mercados más dinámicos de América Latina.
El crecimiento de esta industria ha sido impulsado por la masificación del internet, la adopción de plataformas digitales y la creciente cultura de apuestas deportivas entre los usuarios. En 2024, el mercado de apuestas en línea alcanzó aproximadamente 1.29 mil millones de dólares en ingresos, con proyecciones de crecimiento anual cercanas al 9.5% hasta 2029. En este contexto, el segmento digital se ha consolidado como uno de los principales motores de recaudación del sector, ya que durante 2025 las plataformas online autorizadas generaron transferencias cercanas a 1.35 billones de pesos colombianos, recursos destinados principalmente al financiamiento del sistema de salud.
Aunque el crecimiento del sector muestra cifras positivas, el desafío se centra en cómo diseñar un esquema tributario que permita al Estado recaudar recursos sin afectar la competitividad del mercado regulado frente a plataformas que operan fuera del control estatal.
En ese contexto, los cambios fiscales implementados entre 2025 y 2026 han reconfigurado el modelo tributario del sector, generando nuevas discusiones sobre sostenibilidad, inversión y la canalización del juego hacia entornos legales.
ESTRUCTURA IMPOSITIVA
La tributación del juego online en Colombia se basa principalmente en los derechos de explotación aplicados al Gross Gaming Revenue (GGR), es decir, los ingresos reales del operador después del pago de premios. Este tributo equivale aproximadamente al 15% del GGR y constituye el principal mecanismo mediante el cual el sector transfiere recursos al Estado.
Además del derecho de explotación, el sector está sujeto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%. Durante 2025 se realizaron ajustes en la forma de calcular este impuesto, ya que inicialmente se había planteado aplicarlo sobre los depósitos realizados por los usuarios. Tras críticas de operadores y asociaciones del sector, el esquema fue modificado para que el IVA se calcule sobre el GGR, alineando la base tributaria con los ingresos reales generados por las plataformas.
Como resultado, la carga fiscal efectiva del sector puede alcanzar alrededor del 34% del GGR, una de las más elevadas dentro de la industria del iGaming a nivel internacional. A estos tributos se suman otros impuestos generales aplicables a cualquier empresa en Colombia, como el impuesto de renta corporativo cercano al 35% sobre utilidades, así como obligaciones regulatorias vinculadas a licencias, certificaciones tecnológicas y sistemas de control.
Pese a esta presión fiscal, el sector continúa generando importantes ingresos para el Estado. Los aportes provenientes de las plataformas digitales se han convertido en una fuente relevante de financiamiento público, especialmente para el sistema de salud, lo que ha reforzado la importancia del mercado regulado dentro de la economía del país.
IMPACTO FISCAL
Los cambios en la política tributaria aplicados al sector online han tenido efectos directos en el desempeño del mercado regulado. Tras la implementación de las nuevas medidas en 2025, se registraron impactos inmediatos en la industria.
De acuerdo con reportes de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), entre marzo y junio de 2025 los ingresos operativos reales del sector disminuyeron alrededor del 32%. Durante ese mismo periodo, las transferencias mensuales destinadas al sistema de salud también registraron una caída temporal, pasando de aproximadamente 40.000 millones de pesos a cerca de 28.000 millones.
A pesar de esta desaceleración inicial, el mercado regulado continúa siendo una fuente importante de recursos públicos, destinados principalmente al financiamiento del sistema de salud y a diversos programas sociales. Especialistas del sector advierten que mantener un equilibrio entre recaudación fiscal y competitividad será clave para la sostenibilidad del mercado regulado, ya que una presión tributaria elevada podría incentivar la migración de usuarios hacia plataformas ilegales que operan fuera del control estatal. Durante 2025, los casinos, bingos y establecimientos con máquinas tragamonedas legales aportaron cerca de 378 mil millones de pesos al sistema de salud.
Actualmente Colombia cuenta con más de 3.700 establecimientos autorizados y más de 100.000 máquinas tragamonedas legales, lo que evidencia la magnitud de esta industria y su impacto económico dentro de las finanzas públicas del país.
SOSTENIBILIDAD DEL MERCADO
Desde la regulación del sector, el país ha logrado consolidar un ecosistema formal con más de 15 operadores online autorizados, lo que ha permitido canalizar gran parte de la actividad hacia entornos legales y transparentes. Este modelo es considerado un referente regional por su capacidad para combinar control público, inversión privada y desarrollo tecnológico.
Otro factor clave para la sostenibilidad del mercado es la estabilidad institucional del sistema regulatorio. La supervisión ejercida por Coljuegos ha permitido establecer mecanismos de control, monitoreo tecnológico y regulación que fortalecen la confianza de los operadores y de los usuarios.
Asimismo, el crecimiento del mercado digital ha sido impulsado por la expansión del acceso a internet y el uso de dispositivos móviles. El aumento de usuarios en plataformas de apuestas deportivas y casinos online ha consolidado a Colombia como uno de los mercados de iGaming más dinámicos de América Latina.
RETOS HACIA 2030
Uno de los principales retos para el sector será el combate al juego ilegal. De acuerdo con Coljuegos, numerosas páginas web operan sin licencia ofreciendo servicios de apuestas a usuarios colombianos, lo que genera competencia desleal para los operadores autorizados y limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos.
Otro desafío está relacionado con el fortalecimiento de las políticas de protección al consumidor y juego responsable. Organismos internacionales como la International Betting Integrity Association han señalado que el crecimiento del sector debe ir acompañado de mecanismos que permitan prevenir riesgos asociados al juego problemático, incluyendo programas de autoexclusión y monitoreo del comportamiento de los usuarios.
Finalmente, instituciones del sector como Fecoljuegos advierten que el equilibrio entre regulación y competitividad será determinante para el futuro del mercado. Mantener un entorno regulatorio que promueva la formalización, la inversión y la innovación tecnológica será clave para que la industria continúe creciendo de forma sostenible hacia 2030.
