En medio del debate electoral colombiano, la industria del juego emerge como un tema fiscal y regulatorio relevante. Su tributación y regulación se han convertido en un punto sensible dentro de la discusión fiscal y económica del país.
El proceso electoral en Colombia, marcado por las elecciones legislativas del 8 de marzo y la presidencial del 31 de mayo del presente año, ha puesto nueva mente sobre la mesa varios temas económicos y sociales clave para el desarrollo del país: el recaudo fiscal y la generación de empleo formal, entre otros.
En un intento de armonizar la tributación con la realidad operativa, en el 2025 se implementó un impuesto al depósito de las apuestas, pero en 2026 se revisó para asignar sobre los ingresos brutos genera dos. El debate electoral gira entorno a si ampliar, mantener o reformar los impuestos a sectores productivos -entre ellos casinos y apuestas- como estrategia para aumentar la recaudación, sin perjudicar la inversión y el empleo.
DEBATE SOBRE EL RECAUDO FISCAL
Colombia enfrenta un desafío de sostenibilidad financiera, lo que ha intensificado la preocupación por el recaudo fiscal. El actual gobierno ha intentado reformas tributarias para enfrentar el déficit y financiar el gasto social, generando tensión pública sobre cómo equilibrar la cantidad de impuestos sin frenar el crecimiento económico. En este proceso se han impulsa do cambios tributarios, incluyendo en sectores como el juego, donde existe un debate específico sobre cómo gravar la actividad de forma eficiente y equitativa.
El contexto electoral amplifica el debate porque la política fiscal tiene un fuerte componente ideológico. Mientras algunos sectores defienden un mayor avance tributario y un Estado con mayor capacidad redistributiva, otros priorizan alivios f iscales, que ayudan a los contribuyentes a reducir o gestionar la deuda tributaria, para estimular in versión y crecimiento.
Las elecciones, en ese sentido, funcionan como un referendo indirecto sobre qué modelo de financia miento estatal prefieren los ciudadanos. El calendario electoral no crea el problema fiscal, pero sí lo coloca en el centro del escenario público. Esto obliga a los aspirantes a explicar cómo nivelarán recaudo, crecimiento y empleo, convirtiendo los impuestos en una de las decisiones más determinantes para el rumbo económico de Colombia.
DEBATE SOBRE LOS IMPUESTOS A LOS JUEGOS
El sector de juegos de azar, casinos y apuestas tanto presenciales como en línea, se ha destacado como un área importante del de bate público por su impacto fiscal, social y laboral. La industria regula da de juegos en Colombia aporta recursos significativos. En 2025 los casinos y salas de bingo aportaron más de COP 378.000 millones al sistema de salud, representando casi el 39 % del recaudo total del sector regulado.
La implementación de impuestos basados en depósitos ha generado críticas de operadores por efectos negativos en recaudación y empleo, lo que llevó a una reforma fiscal en 2026 enfocada en gravar sobre los ingresos reales.
La regulación en línea y presencial sigue siendo objeto de discusión, especialmente en torno a protecciones al consumidor, prevención de ludopatía y responsabilidad social. Existe un énfasis en combatir el juego ilegal y formalizar operadores para que contribuyan al sistema fiscal y social del país.
APORTANDO EMPLEO
La industria del juego en Colombia genera empleos directos a través de casinos y salas, además de una cadena de actividades asociadas en áreas como las tecnológicas, servicios, marketing y plataformas digitales como ingreso económico de manera indirecta, contribuyendo así al mercado laboral formal. Autoridades han subrayado que el sector de juegos de azar genera empleo y paga impuestos, posicionándolo como estratégica más allá de los gobiernos de turno.
El sector del juego regulado aporta recursos relevantes al sistema de salud y genera empleo directo e indirecto en el país. Las reformas laborales propuestas en los últimos años, con tasas históricamente altas de informalidad y esfuerzos por aumentar la formalización laboral, buscan ampliar la cobertura y derechos de los trabajadores, aunque se hayan generado debates sobre costos y capacidad de creación de empleo.
La formalización del empleo es un tema que distintos candidatos incluyen en sus agendas, ya que es uno de los contenidos económicos más sensibles en Colombia, vista como una vía para aumentar la recaudación y la protección social, debido a que los trabajadores formales generan aportes a seguridad social y mayores ingresos fiscales.
Mientras que la otra cara de la moneda, la informalidad, es la dificultad para avanzar hacia un empleo de calidad. Aunque la tasa de desempleo oficial puede bajar, mucha gente permanece en trabajos precarios, sin la debida seguridad, salubridad y contrato completo. En este contexto electoral, los pro gramas económicos contrastan en cómo equilibrar estímulos fiscales para empresas con la necesidad de fomentar empleos formales y bien remunerados.
LA POLÍTICA Y LA INDUSTRIA DEL JUEGO
A diferencia de otros ejes como seguridad, pensiones o reforma laboral, la industria del juego no ocupa un lugar central en las plataformas presidenciales. Sin embargo, sí ha sido objeto de debate concreto en el ámbito legislativo y fiscal, particularmente en el Congreso de la República, donde se han discutido modificaciones al esquema tributa rio aplicable al juego en línea.
A diferencia de otros ejes como seguridad, pensiones o reforma laboral, la industria no ocupa un lugar central en las plataformas presidenciales. En los últimos meses, el foco ha estado puesto en la estructura del impuesto aplicado a las apuestas digitales, incluyendo la transición desde esquemas basados en de pósitos hacia modelos que gravan los ingresos brutos del operador (GGR). Estas decisiones, aunque técnicas, tienen implicaciones di rectas sobre el recaudo, la competitividad del mercado regulado y el control del juego ilegal.
Desde el sector privado, la Fecoljuegos ha manifestado públicamente que incrementos abruptos en la carga tributaria pueden afectar la canalización hacia el mercado formal y reducir el aporte al sistema de salud. Por su parte, el regulador, Coljuegos, ha sostenido que el objetivo central es mantener un equilibrio entre recaudo, legalidad y sostenibilidad de la industria.
En paralelo, autoridades fisca les como la DIAN han reforzado los controles para combatir la evasión y el juego ilegal, un frente que genera mayor consenso político que la creación de nuevos tributos.
Así, aunque el juego no sea un eje discursivo de campaña, las de cisiones sobre su tributación y regulación forman parte del debate estructural sobre cómo financiar el Estado sin desincentivar sectores formales. En ese cruce entre política fiscal, control regulatorio y sostenibilidad económica, la industria del juego aparece como un caso específico dentro de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo que respaldará el próximo gobierno.
