En Reino Unido, la Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC) salió al paso de las críticas del sector y aclaró públicamente los alcances reales de su programa de evaluaciones de riesgo financiero. El mensaje central del regulador es que estas evaluaciones no implican, ni implicarán, que los usuarios tengan que entregar documentación financiera detallada como extractos bancarios o comprobantes de ingresos.
Qué dijo Tim Miller en el Foro sobre el Juego Ético de Londres
El director ejecutivo de la UKGC, Tim Miller, fue el encargado de transmitir este mensaje durante su intervención en el Foro sobre el Juego Ético celebrado en Londres. En su discurso, Miller buscó despejar la confusión acumulada alrededor del programa y responder a la oposición que ha generado tanto entre parlamentarios como entre operadores del sector.
«Los controles que hemos estado implementando a modo de prueba ni siquiera intentarán evaluar cuánto puede permitirse apostar cada cliente», afirmó Miller ante los asistentes. Además, anunció que la Comisión tiene previsto emitir directrices claras que prohíban expresamente a los operadores solicitar documentación adicional tras completar una evaluación de riesgo financiero, calificando dichas solicitudes como carentes de «un propósito regulatorio legítimo».
Qué son las evaluaciones de riesgo financiero y por qué generaron polémica en Reino Unido
Las evaluaciones de riesgo financiero, conocidas por sus siglas en inglés como FRA, fueron introducidas en el marco del libro blanco de la Revisión de la Ley de Juego de 2023. Su propósito declarado es identificar a consumidores en situación de vulnerabilidad financiera, no fijar límites de gasto ni actuar como controles de asequibilidad en el sentido tradicional.
Sin embargo, desde el momento en que se conocieron los detalles del programa, el sector reaccionó con resistencia. La directora ejecutiva del Consejo de Apuestas y Juegos (BGC), Grainne Hurst, fue una de las voces más críticas: «Obligar a los apostadores a entregar sus extractos bancarios no es sin fricciones, es intrusivo y empujará a los clientes al mercado ilegal, donde no existen garantías de ningún tipo», declaró en su momento.
Los resultados del piloto y qué indican
La primera fase del programa piloto se lanzó en agosto de 2024 con un umbral de activación fijado en depósitos netos mensuales de 500 libras esterlinas. En febrero de 2025 se redujo ese umbral a 150 libras esterlinas, ampliando el alcance del programa.
Los datos recogidos durante el piloto ofrecen una imagen más contenida de lo que los críticos anticipaban. Miller señaló que menos del 3% de los clientes activos activarían medidas de intervención bajo el nuevo esquema, y que el 97% pasaría por la evaluación sin complicaciones ni interrupciones. Esta cifra supera favorablemente el 80% proyectado originalmente en el libro blanco.
Más llamativo aún es que el piloto detectó que solo el 0,1% de las cuentas activas, aproximadamente una de cada mil, no podría completar la evaluación sin asistencia adicional. Esa proporción es notablemente inferior al 0,6% que el informe técnico original había estimado.
En cuanto al perfil de los usuarios alcanzados por las evaluaciones, Miller subrayó que se trata de un grupo con indicadores claros de vulnerabilidad: tenían entre dos y cinco veces más probabilidades que el cliente promedio de haber incumplido pagos o haberse inscrito en planes de gestión de deudas durante el último año.
La lucha contra el juego ilegal, otra prioridad para 2026
Más allá del debate sobre las evaluaciones de riesgo financiero, Miller dedicó parte de su intervención a detallar los avances del regulador en la lucha contra operadores sin licencia. Entre 2025 y 2026, la Comisión emitió 741 notificaciones de cese y desistimiento, reportó cerca de 398.000 URL ilegales a motores de búsqueda, de las cuales se eliminaron aproximadamente 267.000, y bloqueó o eliminó 1.134 sitios web mediante distintas medidas.
Con una financiación adicional de 26 millones de libras esterlinas procedente del tesoro público a lo largo de tres años, la Comisión planea intensificar estas acciones en colaboración con un grupo de trabajo gubernamental especializado.
Entre las iniciativas previstas figura la publicación de una evaluación nacional de riesgos sobre el mercado ilegal. «Una de las áreas en las que mi subgrupo está trabajando actualmente es la publicación de una evaluación nacional de riesgos sobre el mercado ilegal para ayudar a garantizar que todos estemos centrados en los principales riesgos», explicó Miller.
El director ejecutivo cerró su intervención con un llamado a la colaboración y se mostró receptivo a propuestas del sector que se alineen con los objetivos de la regulación. «Ahora es el momento de analizar qué podemos hacer para ayudar a mantener una experiencia positiva y competitiva para el consumidor, especialmente si se compara con el mercado ilegal», concluyó.
