En España, el Consejo de Gobierno del País Vasco dio luz verde a la firma de un convenio entre el Departamento de Seguridad del gobierno regional y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El acuerdo establece un marco de colaboración orientado a reforzar la protección de las personas con discapacidad, con foco especial en quienes trabajan diariamente en la venta de productos de lotería de la organización.
La alianza nace con el objetivo de prevenir delitos como robos, hurtos y fraudes que afectan de forma desproporcionada a este colectivo vulnerable, y busca avanzar tanto en la seguridad como en la autonomía de los afiliados a la ONCE.
Formación y autoprotección: el papel de la Ertzaintza
Uno de los ejes centrales del convenio es la participación activa de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, en jornadas y acciones formativas dirigidas al personal vendedor de la ONCE. Estas actividades contemplarán recomendaciones concretas para actuar ante intentos de robo, hurto o fraude, además de orientaciones para facilitar la comunicación con los servicios policiales cuando ocurra un incidente.
El convenio también prevé el desarrollo de materiales informativos accesibles y sesiones prácticas adaptadas a las necesidades específicas del colectivo. Se prestará atención especial a las personas mayores afiliadas a la ONCE, con programas de sensibilización y formación adaptados a las necesidades específicas de cada grupo.
Lucha contra el fraude y la venta ilegal de lotería
El acuerdo no se limita a la protección física de los vendedores. La ONCE, a través de su Unidad de Prevención del Fraude, colaborará con el Departamento de Seguridad en la detección e investigación de actividades ilícitas relacionadas con la venta irregular de lotería o el uso indebido de la imagen de la organización.
Esta dimensión del convenio representa un avance significativo en la lucha contra el fraude asociado a los juegos de lotería y apunta a un trabajo coordinado entre las instituciones para desmantelar redes ilegales que perjudican tanto a los vendedores legítimos como a los consumidores.
Vigencia, prórroga y mecanismos de seguimiento
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro adicionales. Para garantizar su correcta implementación, se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes del Departamento de Seguridad y de la ONCE. Este órgano evaluará periódicamente el desarrollo del acuerdo y propondrá nuevas líneas de actuación según los resultados obtenidos.
Asimismo, el convenio contempla el intercambio ágil de información de interés para ambas entidades, lo que permitirá una respuesta más rápida y coordinada ante situaciones de riesgo.
¿Quiénes son los vendedores de lotería de la ONCE?
La ONCE es una corporación de derecho público cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de las personas invidentes en España. Además de su reconocida labor social y de integración laboral, gestiona uno de los juegos de lotería más populares del país. Su venta está a cargo de miles de personas con discapacidad que se desplazan cada día por calles, plazas y establecimientos, exponiéndose en muchos casos a situaciones de riesgo.
Este convenio reconoce esa realidad y apuesta por dotar a este colectivo de herramientas concretas para desenvolverse con mayor seguridad en su entorno laboral.
Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco y la ONCE buscan consolidar un modelo de cooperación institucional que combine inclusión social, prevención del delito y protección de colectivos vulnerables. El convenio representa un paso importante no solo en materia de seguridad ciudadana, sino también en el reconocimiento de las dificultades que enfrentan diariamente miles de personas con discapacidad visual que desarrollan su actividad laboral en la vía pública. A través de programas de formación, protocolos de actuación y un trabajo coordinado con la Ertzaintza, ambas entidades aspiran a crear un entorno más seguro y accesible para los vendedores de lotería.
Además, el acuerdo pone sobre la mesa un debate cada vez más relevante en Europa: la necesidad de adaptar las políticas de seguridad a las realidades específicas de las personas con discapacidad. La combinación de prevención, educación y cooperación institucional busca no solo reducir los riesgos asociados a robos, hurtos o fraudes, sino también fortalecer la autonomía y la confianza de los trabajadores afiliados a la ONCE. En un contexto donde la inclusión y la protección social ganan protagonismo en las agendas públicas, este convenio se perfila como una referencia de colaboración entre organismos públicos y entidades sociales para garantizar condiciones laborales más seguras y dignas.
