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Chipre estudia restricciones al juego para beneficiarios de ayudas sociales

Chipre

Los indicios que encendieron la alarma

La preocupación surgió después de que la Comisión de Supervisión de Juegos y Casinos detectara incrementos en la actividad de juego coincidentes con las fechas de pago del EEE. Harris Tsangarides, director ejecutivo del organismo, señaló que este comportamiento llevó al regulador a considerar una solución técnica que permita contrastar la información de los beneficiarios con los registros de clientes de casinos.

El problema es que confirmar la sospecha no es sencillo. Giannis Vasiliadis, a cargo del Servicio de Administración de Prestaciones Sociales (WBAS), explicó que su organismo solo tiene acceso parcial a los movimientos bancarios de los beneficiarios. Esa información puede levantar sospechas sobre transacciones inusuales, pero no permite comprobar con certeza si el dinero se usó realmente para apostar.

Una reinterpretación legal abre la puerta a más control

El giro más relevante de la discusión llegó de la Comisionada de Protección de Datos, Maria Christofidou. Según indicó, su oficina volvió a analizar un dictamen propio de 2022 y ahora sostiene que existiría fundamento legal para autorizar un acceso más profundo a los datos bancarios de quienes reciben el EEE.

No todos los legisladores recibieron bien la idea. Entre los diputados presentes surgieron objeciones centradas en dos riesgos: una posible violación de la privacidad de los beneficiarios y el estigma que podría generar el simple hecho de que sus finanzas queden expuestas a un mayor escrutinio estatal.

Una tarjeta de identificación, otra propuesta bajo sospecha

Christofidou sumó una segunda alternativa a la mesa: crear una tarjeta especial que los beneficiarios del EEE tendrían que mostrar al ingresar a un casino físico, como forma de verificación presencial. La respuesta de varios diputados fue igual de crítica que con la propuesta anterior, al advertir que este mecanismo señalaría públicamente a las personas que reciben asistencia social, con el consiguiente riesgo de discriminación.

Un vacío legal que complica cualquier restricción

Parte del problema radica en el marco normativo actual. La ley de juego en Chipre ya prohíbe la participación de menores de edad y de personas catalogadas como vulnerables económicamente, pero los beneficiarios del EEE no figuran todavía dentro de esa clasificación. Sin ese estatus formal, cualquier medida que busque excluirlos de las apuestas carece de respaldo legal directo.

Por qué el juego online cambia las reglas del control

A diferencia del control presencial, el terreno digital ofrece herramientas ya probadas. Desde 2024, la Autoridad Nacional de Apuestas (NBA) opera un sistema de autoexclusión que obliga a los usuarios a registrarse con teléfono móvil, correo electrónico y documento de identidad. Como cerca del 80% de las apuestas en el país se realizan en línea, ese registro digital resulta mucho más eficaz para identificar y excluir a beneficiarios que cualquier intento de vigilancia en locales físicos, donde las apuestas suelen ser anónimas.

El antecedente que Chipre tiene en la mira

Chipre no está sola en este debate. Brasil ya aplicó en 2025 una restricción equivalente para impedir que las transferencias de programas sociales se usen en plataformas de apuestas, un caso que sirve de referencia mientras los legisladores chipriotas buscan definir su propio modelo, todavía sin una fórmula definitiva sobre la mesa.

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