La lucha contra las apuestas ilegales en Países Bajos logró algo poco frecuente en el parlamento neerlandés: consenso. En un debate que se extendió por tres horas, diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que el mercado negro del juego debe ser la prioridad regulatoria inmediata, incluso por delante de otras discusiones pendientes como el aumento de la edad mínima para apostar.
El encuentro se realizó el jueves en el Comité de Juegos de Azar de la Cámara de Representantes y reunió a diez legisladores de todo el espectro político. Sobre la mesa había informes de investigación, datos de actividad del sector y una carta enviada en abril de 2026 por la Secretaria de Estado de Justicia, KT van Bruggen, en la que se abordaban los riesgos del juego y se confirmaba una cifra que preocupa a las autoridades: según estimaciones de la Kansspelautoriteit (KSA), el regulador holandés, la canalización de jugadores hacia el mercado legal cayó por debajo del 50%.
Un frente común contra los operadores ilegales
Pese a las diferencias habituales entre partidos, representantes de ChristenUnie, PRO y SGP se alinearon en un mismo reclamo: endurecer las medidas contra los operadores que funcionan sin licencia. Los legisladores pidieron que el gobierno reciba las mismas herramientas que ya utiliza para bloquear con rapidez sitios de contenido terrorista o de abuso infantil, aplicadas ahora a las plataformas de apuestas no autorizadas.
Van Bruggen confirmó que el gabinete trabaja en una legislación para habilitar el bloqueo por DNS de sitios ilegales, con una consulta pública prevista para comienzos de 2027. A ello se sumaron pedidos para otorgar mayores facultades a la KSA y reforzar las acciones contra proveedores de pagos, plataformas sociales y afiliados que contribuyan a la actividad de operadores sin licencia.
La publicidad en redes sociales, otro frente de batalla
Uno de los puntos que más atención generó fue la proliferación de anuncios de casas de apuestas ilegales en redes sociales, un fenómeno que el sector legal neerlandés ya intenta frenar por vía judicial contra Meta.
Van Bruggen señaló que el gobierno mantiene una vía de diálogo abierta con las grandes plataformas tecnológicas, y remarcó una disposición favorable de Meta y Google para avanzar en ese intercambio. Como parte de ese acuerdo, el Ejecutivo recibirá informes cada seis meses sobre la presencia de publicidad de juego ilegal en dichas plataformas. La funcionaria insistió, además, en que el problema debe resolverse también a escala europea, a través de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Legisladores del partido VVD fueron más allá y exigieron una postura más contundente del gobierno frente a las grandes tecnológicas.
La edad mínima para apostar, en pausa pero no descartada
La posibilidad de subir la edad legal para apostar de 18 a 21 años volvió a la discusión, aunque sin resolución. No es un debate nuevo: en 2025 ya se había presentado un proyecto para elevar el límite de edad en productos considerados de alto riesgo, como las tragamonedas online.
Van Bruggen pidió más tiempo antes de tomar una decisión, argumentando que subir la edad podría generar un efecto no deseado: empujar a los jugadores más jóvenes hacia ofertas sin licencia. Diederik van Dijk (SGP) y Tijs van den Brink (CDA) fueron los principales impulsores de la propuesta, que según indicó la funcionaria se retomará en próximos informes de avance.
Van Dijk pide ir más allá: derogar la ley de juego online
La postura más radical llegó de Van Dijk, quien no se limitó a pedir un límite de edad más alto. El legislador reclamó revertir por completo la legalización del juego online, vigente en los Países Bajos desde 2021 y que dio forma a un mercado regulado relativamente consolidado, aunque golpeado en los últimos años por mayores restricciones a los jugadores y subas de impuestos que afectaron a los operadores con licencia.
Van Dijk también propuso prohibir toda forma de publicidad vinculada al juego, incluyendo loterías y casinos físicos, y puso en duda el rol del propio Estado como accionista de Holland Casino y Nederlandse Loterij, en particular respecto a su papel en la prevención del daño por juego.
Días antes del debate, la directora ejecutiva de Holland Casino, Petra de Ruiter, había señalado a iGB que la compañía se sentía conforme con las protecciones al jugador aplicadas en toda su oferta de productos. La operadora cuenta con una junta de juego responsable integrada por científicos, personas con experiencia vivida en problemas de juego y ejecutivos de la propia empresa, que se reúne periódicamente para revisar y cuestionar sus procesos internos.
Prioridad clara: primero el mercado ilegal
El debate cerró con una definición de la Secretaria de Estado: la prioridad inmediata del gobierno será atacar la oferta ilegal, y solo después se evaluará si es necesario subir la edad mínima para apostar. Van Bruggen fue explícita al respecto: la decisión sobre el límite de edad dependerá de si, una vez controlado el mercado negro, sigue siendo necesaria.
