Chile se acerca a tener una ley propia para ordenar el mercado de apuestas online. La Comisión de Economía del Senado constituyó una mesa técnica junto al Ejecutivo para avanzar en un texto acordado que busca instalar un mercado regulado, transparente, seguro y que efectivamente pague impuestos en el país, en momentos en que el debate sobre cómo tratar a las plataformas de apuestas gana urgencia dentro del Congreso.
La contradicción que puso en alerta a los senadores
El impulso más reciente llegó tras una sesión en la que expusieron el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), ambos organismos con responsabilidades directas sobre la situación regulatoria de las apuestas online. De ese intercambio surgió un cuestionamiento que resume la falta de coherencia del marco actual: mientras el Estado ordena bloquear sitios de juego por operar sin autorización, al mismo tiempo recauda impuesto al valor agregado (IVA) sobre esa misma actividad.
La Subtel detalló que hasta el momento ha ordenado el bloqueo de 42 sitios de apuestas que operan de forma irregular. En paralelo, el SII explicó que la normativa vigente ya permite la inscripción de plataformas, con 39 registradas actualmente, y que la recaudación se realiza en forma trimestral. Según las proyecciones del organismo, solo en octubre se espera recaudar 100 millones de dólares por esta vía, una cifra que ilustra el tamaño del mercado que hoy opera sin una ley específica que lo regule.
Salud mental, verificación de identidad y menores de edad
Tras la sesión, los senadores Saavedra, Walker y Celis delinearon algunos de los ejes que debería contener el proyecto. Entre las prioridades mencionaron normas de protección al consumidor orientadas a resguardar la salud mental de los usuarios, junto con mecanismos de verificación de identidad que incluyan control biométrico para impedir el acceso de menores de edad. También plantearon la necesidad de una Política Nacional de Apuestas Responsables, pensada específicamente para prevenir el juego problemático.
Restricciones a medios de pago y apuestas deportivas sensibles
El proyecto que se discute contempla además restricciones más específicas sobre cómo operarían las plataformas. Entre ellas figura limitar el uso de determinados medios de pago, prohibir los llamados «ganchos» promocionales -ya sea en dinero o en premios físicos- y vetar la posibilidad de apostar sobre el desempeño de deportistas, dirigentes, entrenadores, árbitros y autoridades o funcionarios públicos vinculados directamente a los eventos deportivos.
Licencias solo para operadores con domicilio en Chile
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el sistema de licencias. Los senadores plantean que solo podrían operar empresas legalmente constituidas en territorio chileno, con oficinas y domicilios verificables. A esa exigencia se suma un requisito de transparencia sobre la identidad de los beneficiarios finales y los dueños efectivos de cada casa de apuestas, además de restringir la publicidad del sector a horarios no aptos para menores de edad.
Un régimen tributario con destino específico
En materia impositiva, la propuesta no se limita al pago de IVA. Los legisladores buscan sumar un impuesto específico para la actividad, cuya recaudación tendría un destino definido y se distribuiría entre distintas áreas de interés público. Entre ellas se contempla un aporte al deporte comunitario, el financiamiento de programas de prevención, atención y tratamiento del juego problemático, así como recursos destinados al Fondo Común Municipal.
El planteamiento busca que parte de los ingresos generados por la actividad regulada retorne a la sociedad mediante programas y fondos de carácter público. De esta manera, el componente tributario se incorpora como una de las piezas centrales del nuevo marco, no solo como una fuente adicional de recaudación, sino también como un mecanismo para financiar iniciativas vinculadas al bienestar social y al desarrollo de las comunidades.
Más poder para fiscalizar y perseguir el mercado ilegal
El proyecto también busca fortalecer las herramientas de los organismos encargados de controlar y supervisar el sector. La Superintendencia de Casinos de Juego, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibirían mayores atribuciones para fiscalizar, intercambiar información y perseguir a los operadores que funcionen al margen de la regulación. El objetivo es cerrar espacios que hoy permiten la operación de actores no autorizados y reforzar la capacidad del Estado para detectar posibles infracciones.
A estas medidas se sumarían bloqueos tecnológicos contra empresas que no cuenten con autorización para operar, mecanismos de trazabilidad financiera que permitan seguir el flujo de los fondos y nuevas herramientas para identificar operaciones sospechosas. Asimismo, las sanciones podrían enmarcarse en las disposiciones de la ley de delitos económicos, elevando el nivel de responsabilidad para quienes participen o faciliten actividades vinculadas al mercado ilegal. Con ello, la propuesta busca que la fiscalización no se limite al ámbito administrativo, sino que pueda apoyarse también en mecanismos financieros, tecnológicos y penales.
