Los mercados de predicción se expanden más rápido que las normas que deberían ordenarlos, y las loterías estatales y nacionales de Europa han decidido pronunciarse. European Lotteries (EL), la asociación que agrupa a los operadores con licencia del continente, reclamó un marco armonizado para estos productos en un comunicado difundido el 30 de septiembre.
Qué son los contratos de eventos y por qué preocupan
Estas plataformas permiten especular sobre resultados futuros, como unas elecciones, mediante contratos de eventos. Se trata de productos de pago binario: el usuario responde sí o no a una pregunta sobre un hecho por venir y el resultado determina si cobra o pierde.
Para EL, el avance de este tipo de productos plantea desafíos para los actuales sistemas de supervisión. La organización considera que una respuesta regulatoria insuficiente podría generar vacíos y afectar las medidas destinadas a proteger a los consumidores.
Una postura basada en el riesgo, no en la etiqueta
El secretario general de EL, Piet Van Baeveghem, resumió el planteamiento con una idea: las actividades con riesgos similares deben tener salvaguardas similares. Según explicó, la regulación debe ir a la par de un mercado que cambia con rapidez.
Por eso la organización pide mirar la naturaleza del producto y de la actividad, y no el nombre comercial ni la tecnología con la que se ofrece. EL aplica el mismo razonamiento a los libros de contabilidad distribuidos, los contratos inteligentes y la tokenización: en su opinión, estas innovaciones no deberían alterar el enfoque regulatorio de fondo.
El vacío entre servicios financieros y juego
El problema de fondo es que dos regímenes se reparten el terreno. En la Unión Europea, los contratos de eventos que califican como instrumentos financieros se rigen por la directiva de servicios financieros MiFID II. Los que no califican quedan bajo las leyes nacionales de juegos de azar.
EL subraya además que ser considerado instrumento financiero no exime a un producto de cumplir la legislación nacional de juego aplicable. El resultado, según la asociación, es un panorama fragmentado en el que un mismo contrato puede recibir tratamientos distintos según el país y la autoridad que lo examine.
El respaldo a la postura de ESMA
La asociación valoró el reciente reconocimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) de que algunos contratos de eventos también pueden estar sujetos a normas nacionales de juego. En un comunicado de julio, el regulador señaló que los productos con resultados binarios y pagos fijos pueden considerarse instrumentos financieros. También dejó abierta la puerta a que ciertos contratos se rijan por la normativa de juego y mencionó que los que no sean instrumentos financieros podrían caer bajo el reglamento europeo de criptoactivos, MiCA.
Para EL, este enfoque confirma la necesidad de una coordinación estrecha entre las autoridades financieras y las de juego, de modo que el marco resultante sea coherente.
Un mapa regulatorio con muchas piezas
Como el juego sigue siendo competencia de cada Estado miembro, las diferencias entre regímenes jurídicos, prioridades de política pública y estructuras de mercado son marcadas. EL sostiene que esa divergencia complica la supervisión y la aplicación de las reglas, y que la cooperación entre autoridades nacionales es indispensable.
Las respuestas ya son desiguales. Francia, los Países Bajos y España han impuesto restricciones o bloqueos a plataformas como Polymarket y Kalshi. Gibraltar, en cambio, publicó este verano una normativa bajo su Ley de Juegos de Azar de 2025 que reconoce los mercados de predicción como una categoría propia sujeta a licencia.
A comienzos de este año, nueve reguladores europeos lanzaron además una iniciativa conjunta contra las plataformas de apuestas deportivas sin licencia. Entre sus principales inquietudes estaba que operaran las 24 horas sin límites de apuesta obligatorios ni periodos de reflexión.
Qué viene para los mercados de predicción en Europa
La petición de EL llega mientras los reguladores aún definen cómo clasificar estos productos. La asociación no plantea prohibirlos, sino que se apliquen criterios comparables a actividades comparables y que las autoridades trabajen de forma coordinada. Si ese enfoque prospera, los operadores y los usuarios tendrían mayor claridad sobre qué reglas rigen cada contrato, algo que hoy depende en gran medida de la jurisdicción.
