El Gobierno Federal de Brasil retiró la urgencia constitucional del Proyecto de Ley (PL) n.º 5.477/2026, la iniciativa que fija penas de prisión para quienes exploten apuestas de cuota fija. El movimiento no cancela el proyecto: busca despejar el calendario de la Cámara de Diputados, que llevaba días sin poder votar otros temas.
La decisión se oficializó en el Diario Oficial de la Unión del martes 17 de noviembre y se tomó de común acuerdo con la Cámara. Para el Ejecutivo, el proyecto de ley de apuestas en Brasil debe esperar a que avancen dos asuntos que considera prioritarios para el país: el ajuste fiscal y la regulación de la competencia en los mercados digitales.
Por qué el proyecto bloqueaba la agenda
El Gobierno presentó el PL n.º 5.477/2026 con pedido de urgencia constitucional, un mecanismo que establece un plazo de 45 días para que el Legislativo lo someta a votación. Ese plazo venció el 12 de noviembre.
Como la Cámara no analizó el texto dentro del período fijado, el proyecto pasó a trancar la agenda de votaciones desde el 13 de noviembre. Esta situación dificultaba el avance de otras iniciativas legislativas, incluidas aquellas impulsadas por el Gobierno.
Con el retiro del pedido de urgencia, esa traba desaparece. El proyecto continúa su camino en régimen de prioridad, aunque ya sin el límite de 45 días previsto anteriormente. El texto sigue a la espera de despacho del presidente de la Cámara, Hugo Motta.
Las prioridades del Gobierno en la Cámara
José Guimarães, ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales, explicó que el objetivo es liberar la agenda para votar el paquete de ajuste fiscal y una propuesta que establece reglas de competencia para los mercados digitales.
El ajuste fiscal corresponde al Proyecto de Ley Complementaria (PLP) n.º 299/2026, que reúne medidas para 2027. El Gobierno estima que su aprobación podría mejorar el resultado de las cuentas públicas hasta en 56.100 millones de reales, unos US$ 9.700 millones (conversión al tipo de cambio de 5,78 reales por dólar del 17 de noviembre de 2026).
Según información de CNN Brasil, el Gobierno de Lula buscaba concluir la votación de la propuesta en el Senado y remitirla a la Cámara todavía el martes 17. También pretendía avanzar en el análisis del proyecto que regula la competencia de las grandes empresas tecnológicas.
El texto principal del ajuste fiscal fue aprobado por los senadores el 12 de noviembre, pero quedó pendiente el análisis de cuatro apartados o enmiendas destacadas. La votación, prevista inicialmente para el martes, se aplazó al miércoles 18 a pedido del miembro informante, Eduardo Braga.
Qué castiga el PL n.º 5.477/2026
El Gobierno presentó el proyecto el 25 de septiembre, junto con la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026, que prohibió la explotación comercial de apuestas online en Brasil. La propuesta establece:
- Penas de cuatro a seis años de reclusión, además de multa, para la explotación de apuestas online.
- Penas de dos a cuatro años para otras conductas, entre ellas la publicidad, la captación de apostadores, el uso de datos personales para atraer consumidores y la facilitación financiera de la actividad.
- Investigación de los delitos a cargo de la Policía Federal (PF) y juicio en la Justicia Federal.
La promesa de volver a pedir urgencia
Guimarães aseguró que el retiro no modifica la prohibición vigente. Según el ministro, una vez aprobados los proyectos prioritarios, el Gobierno volverá a presentar la solicitud de urgencia del PL que criminaliza la explotación de apuestas para que se vote todavía este año.
De ese modo, el Ejecutivo plantea una secuencia: primero el ajuste fiscal y las reglas para los mercados digitales, y luego el regreso del proyecto sobre apuestas al centro de la discusión parlamentaria.
La medida provisional sigue vigente
Mientras el proyecto de ley continúa en trámite, la MP n.º 1.394/2026 mantiene su vigencia. La semana pasada, el Congreso Nacional prorrogó por 60 días el plazo para votarla.
En paralelo, el ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF) y a cargo de la acción que cuestiona la constitucionalidad de la medida provisional, aún no votó sobre el fondo de la cuestión ni concedió una medida cautelar para restablecer el mercado regulado de apuestas. Por ahora, la prohibición se mantiene.











































