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Puerto Rico: tragamonedas impulsan la recaudación mientras alcaldes cuestionan reparto de fondos

Puerto Rico

Las cifras se presentaron junto a nuevos datos sobre casinos y apuestas deportivas, en un contexto marcado por los cuestionamientos de las autoridades municipales sobre los mecanismos de distribución de los recursos.

A dónde van los fondos de las tragamonedas en Puerto Rico

Durante el año fiscal 2025-2026, los ingresos permitieron asignar 17,6 millones de dólares al Fideicomiso de Retiro de la Policía, que sostiene el sistema de pensiones de los agentes. Otros 12 millones de dólares se reservaron para los gobiernos municipales, de los cuales ya se habían repartido 9,5 millones. Una tercera partida de 12 millones de dólares fue transferida al Fondo General del Estado.

Los detalles se ofrecieron en una conferencia de prensa organizada por La Fortaleza, en la que participaron Santaella y el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

El reparto en cifras

Tomando como referencia los 45 millones de dólares recaudados, la partida destinada a las pensiones policiales equivale a cerca del 39% del total, mientras que cada una de las dos asignaciones de 12 millones, la de los municipios y la del Fondo General, representa alrededor del 27%. Esto significa que las pensiones de la Policía son el principal destino individual de los recursos generados por estas máquinas.

En el caso de los municipios, la diferencia entre los 12 millones reservados y los 9,5 millones ya repartidos indica que quedan por distribuir 2,5 millones de dólares.

Fiscalización más estricta: más de 60 operativos desde febrero

Santaella atribuyó el desempeño de los ingresos a las medidas de supervisión aplicadas al sector. Desde febrero, la Oficina de Investigación y Regulación realizó más de 60 operativos, que resultaron en multas y en la incautación de «cientos de máquinas», según el funcionario.

La relación que plantean las autoridades es directa: a mayor control sobre los equipos que operan en la isla, mayor es la recaudación que llega a las arcas públicas.

Alcaldes piden criterios claros para repartir 4,7 millones de dólares

En paralelo a las cifras oficiales, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico manifestó su preocupación por la distribución de 4,7 millones de dólares provenientes de las tragamonedas, aprobada mediante la Resolución Conjunta del Senado 195.

El presidente de la entidad, Jorge González Otero, cuestionó que no exista información pública sobre los criterios con los que se eligió a los municipios beneficiados. Por su parte, la directora ejecutiva, Verónica Rodríguez Irizarry, solicitó un desglose por municipio que incluya la cantidad de máquinas en operación, los ingresos generados y los aportes realizados al fondo.

La asociación reclamó que la asignación de recursos públicos responda a criterios transparentes y verificables.

Casinos: tres proyectos en construcción y 200 millones de dólares anuales

El Negociado de Juegos de Azar, dirigido por Loraine Irizarry Torres, informó que hay tres casinos en construcción en Mayagüez, Ponce y San Juan. Cuando entren en operación, se sumarán a los 21 establecimientos que funcionan actualmente en la isla.

El sector de casinos aporta cerca de 200 millones de dólares al año al Gobierno central, y una parte de esos recursos se destina a la Universidad de Puerto Rico. Con esa cifra, los casinos siguen siendo, por volumen, la principal fuente de ingresos del juego para el Estado frente a lo que generan las tragamonedas.

Apuestas deportivas: 354,7 millones de dólares jugados

En el último año fiscal, el total apostado en el segmento deportivo llegó a 354,7 millones de dólares. Esa actividad dejó al Estado ingresos de algo más de 4,5 millones de dólares, lo que equivale a poco más del 1 % del monto jugado.

Un mercado con más ingresos y más preguntas sobre su gestión

Los datos presentados por las autoridades muestran un sector de juego que gana peso en las cuentas públicas, desde las pensiones policiales hasta la educación superior. La expansión prevista de la oferta de casinos, junto con la fiscalización sobre las tragamonedas, sugiere que el Gobierno apuesta por un mercado más regulado y con mayor capacidad de recaudación.

A la vez, el reclamo de los alcaldes pone el foco en un punto que acompaña a toda fuente de ingresos públicos: la claridad sobre cómo y con qué criterios se reparten los fondos.

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