En Argentina, un proyecto de ley presentado en la provincia de Río Negro plantea que las comunidades originarias puedan administrar casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas mediante licencias otorgadas por el Estado provincial. La iniciativa, impulsada por Roberto Zgaib, busca que esos pueblos cuenten con una fuente propia de ingresos y mayor autonomía financiera.
Según informó Diario Neuquino, la propuesta apunta a que los recursos generados se destinen a cubrir necesidades en salud, educación, vivienda e infraestructura de las comunidades. Por ahora, el texto se encuentra en etapa de análisis y su avance dependerá del debate en la Legislatura.
Qué propone el proyecto de casinos en Río Negro
La iniciativa tiene 37 artículos y habilitaría a las comunidades originarias a desarrollar actividades de juegos de azar junto con emprendimientos hoteleros y gastronómicos complementarios. Todo el esquema funcionaría bajo un régimen de autorización y fiscalización pública, es decir, con control del Estado provincial sobre las licencias y la operación.
La combinación de juego con hotelería y gastronomía sugiere un modelo de complejo turístico y de entretenimiento, en lugar de salas aisladas, aunque el detalle de esa integración dependerá de la reglamentación.
Un modelo pensado para la autonomía financiera
El objetivo central del proyecto es que las comunidades gestionen sus propias fuentes de ingresos y no dependan exclusivamente de otros recursos para atender sus necesidades. Los fondos generados por la actividad estarían orientados a áreas básicas como la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura.
El texto, tal como fue informado, no detalla cuánto podría recaudarse ni cómo se distribuirían las ganancias dentro de cada comunidad. Esos aspectos, centrales para evaluar el alcance real de la propuesta, quedarían para etapas posteriores del debate o para la reglamentación.
Requisitos para acceder a una licencia
Para postularse, las comunidades de la provincia deberán cumplir dos condiciones: contar con personería jurídica acreditada y poseer tierras comunitarias reconocidas. De este modo, el proyecto limita el acceso a las licencias a comunidades formalmente constituidas y con territorio legalmente reconocido.
Un límite de cuatro licencias de casino en tres años
Con el objetivo de que los establecimientos se incorporen de manera gradual, el proyecto fija un máximo de cuatro licencias de casino durante los primeros tres años de aplicación. Ese tope funcionaría como una etapa inicial de implementación, que permitiría observar los resultados antes de eventuales ampliaciones.
La limitación se refiere a las licencias de casino. La información disponible no precisa si existe un tope equivalente para las salas de bingo o las máquinas tragamonedas.
Informes anuales ante la Legislatura
La propuesta también obliga al Poder Ejecutivo provincial a presentar informes anuales ante la Legislatura. Estos documentos deberán detallar los permisos otorgados, la recaudación registrada y el funcionamiento general del sistema, lo que añadiría una instancia de seguimiento público sobre la actividad.
Este mecanismo permitiría a los legisladores evaluar periódicamente si el régimen cumple con sus objetivos y si corresponde introducir ajustes.
Consulta previa, libre e informada
Otro punto central es el método previsto para definir las reglas finales. El proyecto contempla que la reglamentación se elabore a través de un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. De ese modo, sus observaciones podrían incorporarse antes de establecer las condiciones definitivas del régimen.
Un proyecto que todavía debe ser debatido
La iniciativa se encuentra en una fase de análisis, por lo que su futuro depende del tratamiento y el debate que le otorgue la Legislatura de Río Negro. Hasta que eso ocurra, no hay licencias ni plazos definidos.
El proyecto abre una discusión sobre el papel que podrían tener las comunidades originarias en la industria del juego provincial y sobre las garantías de control que deberían acompañar un esquema de este tipo. Entre los puntos que probablemente concentren el debate legislativo figuran el límite de licencias, los requisitos de acceso y el alcance de la fiscalización pública.
