El futuro de las apuestas online en Chile enfrenta un nuevo escenario legislativo. La Comisión de Economía del Senado de Chile aprobó dos proyectos que buscan prohibir de forma definitiva el funcionamiento de las plataformas de apuestas online en el país. La decisión contradice la propuesta de regulación e impuestos que el Poder Ejecutivo presentó a fines de octubre.
Una votación dividida en Chile
La votación terminó con tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Según La Tercera, las mociones pertenecen a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y a los senadores Gastón Saavedra y Diego Ibáñez. Como ambas iniciativas coinciden en sus propósitos, la comisión fusionará los textos en la próxima sesión.
Qué proponen los proyectos en Chile
Las iniciativas buscan modificar el proyecto del Ejecutivo, que está en su segundo trámite constitucional, es decir, en la revisión de la segunda cámara. El Gobierno propone crear un mercado regulado mediante licencias. Los senadores, en cambio, plantean prohibir por completo la explotación y la administración de apuestas online en territorio chileno. También prohíben la publicidad de la actividad.
Las únicas excepciones serían los operadores tradicionales: la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y los hipódromos.
Los textos tienen estos puntos principales:
- La propuesta de la senadora Núñez establece penas de hasta 15 años de cárcel para los infractores, sanciones en casos de delincuencia organizada y el bloqueo judicial permanente de las plataformas.
- La iniciativa de Saavedra e Ibáñez prohíbe la actividad de las casas de apuestas ilegales y su publicidad. Castiga con cárcel y multas a quienes se benefician de ella, y obliga a bloquear su acceso y sus medios de pago.
La postura del Gobierno de Chile
Según BioBioChile, la decisión de la comisión generó una fuerte resistencia en el Ejecutivo. El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, defendió el modelo regulatorio propuesto por el Ejecutivo y las modificaciones que había presentado previamente ante la comisión.
Para el Ejecutivo, una prohibición absoluta no contiene el mercado y puede dejar desprotegidos a los usuarios. Vallebona respondió a las críticas con firmeza: “Yo no acepto que vengan a decirnos aquí que votar a favor de esto es en contra de los niños”. Añadió que trabajó 20 años en poblaciones que sus interlocutores, según dijo, ni conocen.
El esquema tributario propuesto
La propuesta del Gobierno fija una tasa impositiva efectiva de 22%, que incluye el IVA. Además, establece un gravamen anual de 1.000 UTM por licencia. La UTM, o Unidad Tributaria Mensual, es la unidad de cuenta que Chile usa para pagar impuestos y multas. Con el valor de noviembre de 2026, esa suma equivale a unos 74.600 dólares.
El proyecto exige también aportes a la prevención del juego problemático, autenticación biométrica y verificación de edad para los usuarios.
Con estas medidas, se estima que la recaudación del sector supere los 100 millones de dólares en el primer año. En el quinto año llegaría a unos 133 millones.
Publicidad y sanciones
El proyecto del Gobierno también prohíbe la publicidad de todas las plataformas de juego online. Sin embargo, incluye una norma transitoria para los sitios que opten por ingresar al mercado regulado. El texto la define así: “Se establece una norma transitoria que permite mantener por un año la publicidad de plataformas que opten por regularizar y realizada en virtud de un contrato celebrado antes de la publicación de la ley”.
Si alguien incumple las reglas, la iniciativa prevé una serie fija de multas que puede llegar hasta la revocación de la licencia. Los terceros que participen en la actividad podrían recibir sanciones de 3 a 30 UTM, es decir, entre 224 y 2.238 dólares. Si no cumplen la orden de suspensión, la multa puede llegar a 2.000 UTM, unos 149.200 dólares.
Dos modelos en discusión
El debate enfrenta dos visiones. Una apuesta por la prohibición total, con penas de cárcel y bloqueo de las plataformas. La otra propone regular el mercado con licencias, impuestos y controles de acceso. Mientras la comisión fusiona los textos prohibitivos, el proyecto del Ejecutivo sigue en tramitación.
