Este año, la región atraviesa una crisis igual o más fuerte que la del 2019, enfrenta protestas que crecen cada día y que muestra la disconformidad de los ciudadanos con sus gobiernos. La propagación de la COVID-19 paralizó por unos meses las manifestaciones y cambios que exigía la población hace un par de años, pero la mala gestión de la pandemia y la crisis económica han vuelto a despertar la indignación de la gente que ha tomado hasta las calles para hacer escuchar su voz.
COLOMBIA
Las manifestaciones continúan y cada vez se están haciendo más grandes. Miles de colombianos han participado en protestas en todo el país contra un gobierno que sienten que ha ignorado sus necesidades, que ha permitido que la corrupción se propague por todo el país y que no tiene la intención de ayudarlos, ante el duro golpe que ha sido afrontar la pandemia.
Desde el 28 de abril, los manifestantes han salido en más de la mitad de las municipalidades de Colombia para protestar contra la propuesta que pretendía aumentar los impuestos en servicios públicos, combustible, salarios y pensiones. Pero, esas marchas se han transformado en una demanda general, donde los manifestantes piden, principalmente, que finalicen las agresiones policiales sobre la ciudadanía.
La gestión del presidente Iván Duque pretendía elevar la carga tributaria para financiar subsidios a las familias más pobres, bajando el umbral del impuesto sobre la renta y subiendo el IVA. En un país cuya clase media puede cobrar entre 300 y 1500 euros mensuales, la reforma provocó indignación, señaló Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.
Iván Duque ha retirado la reforma y ha despedido al ministro del sector, Alberto Carrasquilla, que ideó la propuesta. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para un país que ahora reclama justicia, ya que durante las manifestaciones han ocurrido reportes de violencia policial, muertes y desapariciones. A un mes de las manifestaciones, la cifra de muertos sobrepasa las 40 personas, la mayoría jóvenes, según datos oficiales, y los heridos se acercan a las 400.
Por otro lado, el ejército se ha unido a la policía desde que Duque aprobó el 1 de mayo el involucramiento de las fuerzas armadas hasta que cesen los incidentes que, asegura, alteran el orden público. Eso permite que los alcaldes soliciten la presencia del ejército en áreas urbanas, una medida que han cuestionado los defensores de los derechos humanos.
Está probado que los agentes dispararon a gente desarmada. La comunidad internacional ha pedido a Colombia que cese la represión y lleve a los culpables a los tribunales. Pero el Gobierno se escuda en que se producen disturbios y las fuerzas de seguridad repelen agresiones.
El Ejecutivo sostiene que los grupos rebeldes se han infiltrado en las protestas y que las organizaciones del narcotráfico las han subsidiado. Duque incluso ha clasificado las manifestaciones como terrorismo urbano de baja intensidad. Sin embargo, los líderes de las marchas afirman que las fuerzas de seguridad han sido excesivamente violentas y que el gobierno estigmatiza a los manifestantes.
Entre tanto, miles de personas volvieron este viernes a las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena, donde las manifestaciones continúan activas.
MÉXICO
El lunes 3 de mayo se desplomó un puente de la vía elevada de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones de Olivos y Tezonco, justo cuando circulaba un tren con varios vagones. Hasta el momento la cifra de fallecidos asciende a 26 y la de los heridos a casi 80.
“Lamentablemente lo que ocurrió fue el vencimiento de una trabe (viga) al paso de un convoy. Se van hacer todas las investigaciones para conocer las causas que provocaron este accidente”, ocurrido después de las 10:00 p. m., informó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa en el lugar del accidente.
Los vagones se precipitaron sobre los vehículos que pasaban por debajo del puente en la avenida Tláhuac, según las imágenes de las cámaras de seguridad públicas, que captaron el momento del derrumbe. Los servicios de emergencia y personal de Protección Civil, así como miembros del Ejército, se desplegaron en toda la zona.
El Gobierno de la Ciudad de México solicitará un peritaje internacional para averiguar las causas del trágico accidente, ante la ola de comentarios que acusa de negligencia y corrupción al gobierno por continuar con una obra que presentaba fallas desde el inicio.
La línea 12 del metro, inaugurada en octubre del 2012, fue durante meses motivo de orgullo de la izquierda mexicana, que presumía de una histórica inversión de 1800 millones de dólares y que ofrecía servicio diario a casi medio millón de personas que antes no podían cruzar rápidamente la zona del sureste de la capital. Sin embargo, en el 2014, se tuvo que suspender el servicio en 11 de las 20 estaciones que la conforman por “oscilaciones detectadas en las vías” que podían ocasionar un descarrilamiento.
Durante la gestión del actual canciller, Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la construcción de la línea se vio envuelta en un escándalo de corrupción que afectó a más de 30 funcionarios. Originalmente, el costo de inversión iba a ser de 17 500 millones de pesos, pero acabó costando 26 000 millones de pesos.
La infraestructura es ampliamente considerada como una de las más caras de la historia de México y no solo por su inversión inicial. Prácticamente desde que se inauguró ha necesitado constantes inyecciones monetarias para su mantenimiento. Poco más de un año después el funcionamiento del metro, fue suspendido por el nuevo alcalde, Miguel Ángel Mancera, aduciendo una serie de irregularidades y defectos que ponían en peligro a los pasajeros. Vecinos de la zona del accidente llevaban meses denunciando el mal estado de las vías del paso elevado, pero nadie hizo caso.
PERÚ
El país atraviesa una crisis política y social desde noviembre del año pasado. Inició con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, continuó con el escándalo del Vacunagate y ahora sigue con las elecciones. Los candidatos que han pasado a segunda vuelta han polarizado el país y ahora que Keiko Fujimori está cada vez cortando más las distancias con Pedro Castillo, en las encuestas, ambos partidos han empezado a formar bandos.
Es la tercera vez que la candidata conservadora pasa a una segunda vuelta, pero el amplio rechazo que genera como representante del fujimorismo, la llevó a perder en las dos ocasiones anteriores. Para conseguir más votantes, la excongresista ha decidido abandonar el color naranja en sus actividades proselitistas, para hacer campaña con la camiseta de la selección peruana de fútbol. Ha mencionado que votar por Castillo conduciría al desastre económico y al comunismo, como en Venezuela.
Pero, la posible victoria de Fujimori preocupa a los familiares de los desaparecidos durante el régimen de Alberto Fujimori, las víctimas de esterilizaciones forzadas y a activistas de derechos humanos y de pueblos indígenas. El martes 11 de mayo, la Asociación de Mujeres Peruana Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) hizo un plantón en la explanada del Palacio de Justicia en Lima para rechazar el compromiso de la candidata presidencial de indultar a su padre si llega a la presidencia.
Activistas y ciudadanos que fueron víctimas de la persecución y la violencia durante el régimen fujimorista también se han movilizado en una campaña para alertar que la candidatura de Fujimori representa “la corrupción y el crimen organizado”.
Por otro lado, hace unas semanas, grandes letreros publicitarios en las principales avenidas de Lima, Cusco y Arequipa exhiben mensajes sobre Cuba y Venezuela en alusión a Castillo. “El comunismo genera miseria y pobreza”; “Cuba: pobreza, muerte, miedo, desesperación”, y “En el Perú está en juego la libertad, es momento de poner el pecho por la patria” son algunos de los mensajes de los carteles de la empresa Punto Visual, que informó, a solicitud de las autoridades electorales, que no han sido contratados por ningún partido y que los han colocado voluntariamente.
Incluso la división que se ha generado en el país ha llevado al enfrentamiento de los simpatizantes de ambos partidos. Un grupo de personas que estaba a las afueras de la Casa del Maestro, donde se encontraba Castillo, se enfrascó en una serie de insultos con los opositores que llegaron hasta el lugar. En Arequipa, simpatizantes de Perú Libre reaccionaron violentamente ante la llegada de Keiko Fujimori y su equipo, dejando herida a una simpatizante del partido naranja.
Queda menos de una semana para las elecciones y ambos candidatos se han comprometido a respetar la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos, a través de la firma de la “Proclama Ciudadana, juramento por la democracia”. Además, este domingo expusieron sus propuestas en el último debate presidencial, donde establecieron sus compromisos, que el país espera puedan ser cumplidas a cabalidad a partir del 28 de julio.
