La Legislatura de Córdoba aprobó ayer por la noche por amplia mayoría la legalización del juego online en la provincia argentina. Fue tras un largo debate que se extendió por casi ocho horas.
El proyecto tiene por objeto regular el juego online a través, entre otras acciones, de la creación de un Registro de Licencias de Juego en Línea, así como “colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad”.
La iniciativa establece además que solo podrán acceder a la licencia para la realización de estas actividades personas humanas o jurídicas con domicilio en la provincia. Las licencias se otorgarán a través de licitación pública.
También se crea un registro de jugadores, donde se certifique la identidad y la mayoría de edad de los participantes. Los licenciatarios del juego deben habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos y otra para que pueda solicitar su exclusión.
Se trató de una iniciativa del partido Juntos por el Cambio que contó con el respaldo del oficialismo provincial. En este sentido, el legislador Francisco Fortuna, del partido Hacemos por Córdoba, aseguró que consideraron “importante avanzar en un sistema que garantice la regulación de los juegos en línea”.
Además, informó que ya hay otras 16 jurisdicciones que han regulado este tipo de apuestas. “Tenemos la responsabilidad de gobernar esta provincia y tenemos que regular la clandestinidad del sector”, expresó Fortuna.
El legislador del partido Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, defendió el proyecto durante el debate y declaró: “Mientras más luz se eche sobre el juego, más transparente será el procedimiento. Salvo que quieran dejar todo en un oscurantismo medieval. Lo cierto es que muchos menores hoy están sin control en estas plataformas, y que las grandes y pequeñas empresas ponen a disposición sus servicios sin tributar un solo centavo al Estado provincial”.
El texto definitivo incluyó modificaciones tales como la referida a la participación de personas jurídicas nacionales en las uniones transitorias (UT) en las que aquellas se asociaren con empresas extranjeras. Mientras que el proyecto original fijaba la participación de esas empresas nacionales en el 35 % de las UT, la norma aprobada disminuye ese porcentaje al 15 %.
Del mismo modo, la ley sancionada aumenta la cantidad de licenciatarios de cinco que proponía el primer texto a 10, con la posibilidad de ampliar ese número a 20. También disminuye a 15 los años de plazo de las licencias, que en el proyecto original se fijaba en 20, al tiempo que establece que el destino del canon, en su totalidad, será destinado a asistencia social.
