El Mundial 2026 dejó una marca clara en el consumo de juego online en Salta, Argentina. Según datos del Ente Regulador del Juego de Salta (ENREJA), las plataformas digitales movieron durante julio alrededor de 16.000 millones de pesos (unos US$10,46 millones al tipo de cambio oficial), una cifra que por sí sola superó ampliamente los 8.583 millones de pesos (cerca de US$5,61 millones) que se habían registrado entre el juego online y presencial durante todo 2025.
Ese salto en la actividad es el telón de fondo sobre el que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto de ley que busca restringir la publicidad de juegos de azar y apuestas en los espacios que pertenecen al Estado provincial. La diferencia entre los montos muestra la magnitud que alcanzó la actividad digital durante el torneo: solo en julio, el movimiento online se acercó al doble del total contabilizado en ambas modalidades a lo largo del año anterior.
Lo que ENREJA observó durante el Mundial
El presidente del organismo regulador, Aníbal Caro, expuso el fenómeno ante los senadores provinciales y puso el foco en un problema puntual: el acceso de menores de edad a plataformas que operan fuera del sistema autorizado. Caro planteó que el avance tecnológico facilitó ese acceso y remarcó que el verdadero foco de atención debería ser el juego ilegal, no la actividad regulada en sí misma.
Durante su presentación, el funcionario fue claro respecto de dónde debería concentrarse el esfuerzo regulatorio: «Lo que venimos a poner en claro es que lo que hay que regular es el juego ilegal, que es donde se plantean los problemas». Esa distinción entre plataformas autorizadas y no autorizadas se convirtió en un punto central del debate que hoy se da en el Senado provincial.
En la provincia, solo BetWarrior y BetPoncho cuentan con reconocimiento de ENREJA para operar de forma legal, lo que deja en evidencia la brecha entre el mercado formal y el universo de plataformas no autorizadas que, según el propio regulador, se expandieron durante el torneo. Esa brecha entre lo autorizado y lo que opera al margen del sistema es, precisamente, el argumento que las autoridades utilizan para justificar un marco de control más estricto.
Qué prohíbe el proyecto que ahora pasa al Senado
Con ese diagnóstico como contexto, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa que prohíbe exhibir, difundir, promocionar o publicitar juegos de azar y apuestas en inmuebles y vehículos de la Administración Pública Provincial. La restricción también alcanza a organismos, empresas y sociedades con participación estatal, por lo que estadios, centros deportivos y edificios públicos quedarían fuera del circuito publicitario de casinos, casas de apuestas y plataformas online.
El proyecto no se detiene en los bienes estatales: también establece condiciones para las entidades privadas que reciben subsidios, auspicios u otros aportes de la provincia. Estas organizaciones deberían evitar la promoción de juegos de azar durante los eventos o actividades financiados con recursos públicos, bajo riesgo de sanciones que incluyen la revocación del beneficio, el reintegro de los fondos recibidos y una eventual inhabilitación temporal para acceder a nuevos aportes.
Esta última disposición amplía el alcance de la norma más allá del ámbito puramente estatal, ya que condiciona a clubes, fundaciones o entidades deportivas que dependen de aportes públicos a revisar sus propios acuerdos comerciales con operadores de juego, en caso de que quieran seguir accediendo a esos recursos.
La preocupación por los menores, en el centro de los fundamentos
Los fundamentos de la iniciativa apuntan al crecimiento sostenido que tuvo la publicidad de apuestas en los últimos años y a la mayor exposición de la población —particularmente de niños y adolescentes— a ese tipo de contenido. Sus autores sostienen que la tecnología actual pone el juego al alcance de los usuarios en cualquier momento del día, lo que amplía el riesgo de exposición temprana.
Bajo esa lógica, el proyecto busca alinear el uso de los recursos estatales con las políticas públicas de prevención de consumos problemáticos, evitando que el propio Estado —a través de sus edificios, vehículos o eventos financiados— termine funcionando como vidriera publicitaria para una actividad que sus mismas autoridades buscan regular con más cuidado.
Los pasos que le quedan al proyecto
Con la media sanción ya obtenida en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Senadores de Salta, donde deberá discutirse antes de convertirse en ley. El resultado de ese debate se dará en paralelo al que ya mantienen los senadores provinciales con ENREJA sobre cómo enfrentar el crecimiento del juego ilegal, un problema que, según el propio organismo regulador, resulta más urgente que el de las plataformas ya autorizadas.
De aprobarse en el Senado, Salta se sumaría a otras provincias argentinas que en los últimos meses avanzaron con iniciativas similares orientadas a limitar la exposición publicitaria de los juegos de azar.
