En Argentina, dos legisladores nacionales de la provincia de Entre Ríos presentaron ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca impedir que las personas registradas como deudores alimentarios puedan ingresar a casinos, salas de bingo, agencias de apuestas y plataformas de juego online habilitadas por el Estado. La iniciativa apunta a dar efectividad real a las obligaciones judiciales en materia alimentaria y a establecer un marco normativo de alcance federal que supere las limitaciones de las regulaciones provinciales vigentes.
Qué propone el proyecto de ley sobre deudores alimentarios y casinos
El proyecto fue presentado por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, ambos representantes de Entre Ríos. El texto establece que toda persona con inscripción vigente en el nuevo Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) quedará automáticamente inhabilitada para acceder y permanecer en los siguientes espacios:
- Casinos
- Salas de bingo
- Agencias de apuestas
- Plataformas de juego online autorizadas por cualquier autoridad estatal
La propuesta se fundamenta en la necesidad de garantizar que las sentencias judiciales que establecen cuotas alimentarias tengan consecuencias concretas más allá del ámbito estrictamente legal. Según el diputado Michel, «la creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional».
Por qué se necesita un registro federal y no solo provincial
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del REFIOA, un organismo de alcance nacional que vendría a unificar y potenciar los registros de deudores alimentarios que ya existen en algunas provincias argentinas. Actualmente, las restricciones vigentes tienen carácter provincial, lo que genera vacíos normativos: un deudor registrado en una jurisdicción puede, por ejemplo, ingresar libremente a un casino ubicado en otra provincia donde no existe esa limitación.
La diputada Marclay explicó que «la ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados (la cuota alimentaria) y dar una respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país». En ese sentido, el proyecto se inscribe en una tendencia legislativa más amplia que vincula el acceso a determinadas actividades recreativas con el cumplimiento de responsabilidades familiares.
El antecedente de Salta: deudores alimentarios ya no pueden entrar a casinos
La iniciativa nacional no surge en el vacío. En agosto de 2025, el Senado de la provincia de Salta sancionó definitivamente una ley que prohíbe el ingreso a casinos y salas de juego a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de esa jurisdicción. La norma salteña fue impulsada, entre otros legisladores, por el senador Javier Mónico, quien justificó la medida con argumentos que reflejan la frustración de muchas familias ante la ineficacia de los mecanismos tradicionales de cobro.
«Es una sanción para que quienes no cumplen con las obligaciones alimentarias reciban consecuencias concretas. Estas actividades no son esenciales, y el ingreso a una casa de juego puede ser incluso una conducta agravante para quien adeuda alimentos», sostuvo Mónico. El legislador también destacó el impacto humano detrás de cada expediente judicial: «Madres, generalmente, e hijos menores sufren cuando la persona no cumple con sus obligaciones. Produce impotencia sentir que el sistema judicial no acompaña o que es demasiado burocrático».
La provincia de Buenos Aires cuenta con antecedentes normativos similares, lo que refuerza la tendencia nacional hacia este tipo de restricciones orientadas a presionar socialmente a quienes evaden sus compromisos alimentarios.
El impacto social de los incumplimientos alimentarios en Argentina
El incumplimiento de las cuotas alimentarias es un problema estructural en Argentina que afecta principalmente a mujeres y niños. Los registros provinciales de deudores alimentarios morosos fueron creados precisamente para generar consecuencias extrapenales que incentiven el cumplimiento, como la restricción para obtener créditos, empleos públicos o, como en este caso, el acceso a actividades recreativas.
La apuesta de los impulsores del REFIOA es que una restricción de alcance federal tenga mayor poder disuasorio que las medidas locales, al cerrar las vías de escape que hoy existen entre provincias. El proyecto aún debe transitar el proceso legislativo en el Congreso, pero refleja una preocupación creciente por hacer cumplir derechos ya reconocidos judicialmente.
