Desde que Brasil regularizó las apuestas de cuota fija en diciembre de 2023, al menos 77 municipios han aprobado leyes para crear sus propias loterías con casinos en línea. El problema: el gobierno federal considera esta práctica irregular.
Una encuesta del portal g1 reveló que tres ciudades tienen leyes aprobadas pero sin sanción de los alcaldes, 39 recibieron sanción pero no avanzaron en su implementación, 17 están en proceso de estudio, otros 17 esperan concluir licitaciones para contratar operadores, y solo una ciudad ya tiene su lotería funcionando: Bodó, en Rio Grande do Norte.
De estos 77 municipios, 10 planean operar específicamente apuestas deportivas, mientras otros ofrecen juegos como sorteos de números en fechas y horarios fijos.
El objetivo: recaudar dinero rápido
Los ayuntamientos buscan generar ingresos de forma rápida para financiar servicios públicos como salud, educación y asistencia social. Algunas leyes municipales establecen tasas entre 2% y 5% sobre los ingresos de las empresas operadoras.
La disputa legal en Brasil
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil afirma que esta práctica es irregular. Según la Ley 14.790/2023, solo la Unión, los estados y el Distrito Federal pueden operar este tipo de servicio. La ley no menciona a los municipios.
En 2020, el Supremo Tribunal Federal estableció que la Unión no tiene derechos exclusivos sobre loterías y extendió esta posibilidad a los estados. Los expertos señalan que la ausencia de regulación específica para municipios abrió un espacio de interpretación.
«Los municipios interpretan que, al no existir una prohibición expresa, están autorizados a crear sus propias loterías», explica Telma Rocha, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Mackenzie Alphaville.
El investigador Luiz César Loques, de FGV Direito Rio, indica que «el auge del sector de apuestas hizo que los municipios se sintieran atraídos a explorar esta actividad» mientras esperan que el Supremo se pronuncie sobre el tema.
Una demanda que determinará si las ciudades pueden participar en esta actividad fue remitida a la Procuraduría General de la República el 17 de septiembre de 2025.
