El ministro Luiz Fux del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó el pasado 19 de diciembre la suspensión temporal del bloqueo y cierre de cuentas de apuestas pertenecientes a beneficiarios de programas sociales. La medida cautelar afecta específicamente a receptores del programa Bolsa Familia y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC), quienes habían sido prohibidos de participar en sitios de apuestas de cuota fija desde septiembre de 2025.
La decisión judicial, divulgada mediante la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7.721, representa un freno momentáneo a la política restrictiva implementada por el gobierno brasileño a través de la Ordenanza SPA/MF N.º 2.217/2025. Esta normativa había establecido prohibiciones estrictas para que los receptores de ayuda social participaran en plataformas de juego, con el argumento oficial de proteger a poblaciones vulnerables del uso indebido de recursos públicos.
Cuestionamientos legales a la prohibición original
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) presentó la petición que motivó la suspensión, argumentando que las medidas gubernamentales excedían el alcance legal y vulneraban principios constitucionales fundamentales. Según la entidad, tanto la Portaría SPA/MF Nº 2.217/2025 como la Instrucción Normativa SPA/MF Nº 22/2025 atentaban contra la libertad económica y el principio de igualdad garantizados por la Constitución brasileña.
La asociación del sector de juegos solicitó además que se postergara el inicio de las obligaciones operativas hasta finalizar una etapa de conciliación entre las partes involucradas. Este pedido buscaba evitar daños irreversibles a los usuarios que ya contaban con cuentas activas en plataformas de apuestas antes de la entrada en vigor de la normativa restrictiva.
Alcance de la medida cautelar del STF
El ministro Fux concedió parcialmente la solicitud de medida cautelar, considerando la proximidad del receso judicial y el riesgo de efectos irreversibles para miles de usuarios. La suspensión temporal abarca específicamente el bloqueo y cierre compulsivo de cuentas que ya se encontraban activas antes de la prohibición.
Sin embargo, la decisión judicial mantiene vigente la prohibición de realizar nuevos registros en plataformas de apuestas para beneficiarios de programas sociales. Esto significa que quienes actualmente reciben Bolsa Familia o el BPC no podrán crear nuevas cuentas en sitios de juego durante el período de suspensión.
Contexto del programa Bolsa Familia
El programa Bolsa Familia constituye uno de los principales mecanismos de transferencia de ingresos del gobierno brasileño, beneficiando a millones de familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Según datos recientes, el programa transfiere mensualmente un promedio de 113 dólares por familia beneficiaria, representando un presupuesto anual superior a los 30 mil millones de dólares.
La prohibición original de septiembre de 2025 surgió en medio de crecientes preocupaciones gubernamentales sobre el uso de recursos de asistencia social en actividades de juego. Estudios preliminares habían sugerido que una porción significativa de los beneficiarios destinaba parte de sus transferencias a plataformas de apuestas en línea, lo que motivó la intervención regulatoria.
Calendario judicial y próximos pasos
El ministro Fux adelantó la fecha de la audiencia de conciliación para el 10 de febrero de 2026 a las 15:00 horas, tiempo de Brasília. Esta reunión buscará encontrar un punto medio entre las posiciones del gobierno y el sector de juegos, explorando posibles soluciones que protejan a poblaciones vulnerables sin vulnerar derechos constitucionales.
Hasta la realización de esta audiencia, permanecen vigentes todas las demás determinaciones de la decisión judicial anterior, exceptuando únicamente el bloqueo y cierre de cuentas activas. La suspensión temporal podría extenderse o levantarse dependiendo de los resultados del proceso de conciliación.
Impacto en la industria del juego brasileña
El mercado de apuestas en línea en Brasil ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, con proyecciones que estiman ingresos superiores a los 5 mil millones de dólares anuales. La regulación de este sector se ha convertido en un tema prioritario para las autoridades brasileñas, que buscan equilibrar la libertad económica con la protección de poblaciones vulnerables.
Las plataformas de apuestas operando en el país han expresado disposición a colaborar con mecanismos de control que prevengan el uso indebido de recursos públicos, aunque rechazan prohibiciones absolutas que consideren discriminatorias. La audiencia de conciliación de febrero podría establecer precedentes importantes para la regulación futura del sector.
