La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizó jornadas formativas para personas imputadas por infracción al artículo 301 bis del Código Penal, en el marco de acuerdos de suspensión de juicio a prueba coordinados con la Fiscalía Especializada en Juego Ilegal.
Una estrategia que cruza regulación y justicia
La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) impulsa una estrategia que incorpora acciones de concientización dentro del proceso judicial. Las jornadas se realizaron en coordinación con la Fiscalía Especializada en Juego Ilegal (FEJA), encabezada por el Dr. Juan Rozas, con intervención de la Secretaría Letrada a cargo del Dr. Rodrigo Branca.
Las instancias formativas estuvieron lideradas por Ezequiel Domínguez, integrantes de la Subgerencia de Conducta del Juego de LOTBA, y formaron parte de las reglas de conducta acordadas entre los infractores y la fiscalía en el marco del artículo 301 bis del Código Penal, que tipifica la organización o explotación de juegos de azar no autorizados.
Qué se abordó en las capacitaciones
Los encuentros tuvieron un contenido amplio y orientado tanto a la dimensión legal como a la social y económica del problema. Durante las jornadas se analizaron las implicancias del juego ilegal para los usuarios, los estándares y controles que rigen la actividad dentro del marco normativo vigente, y los mecanismos de protección que distinguen a los operadores regulados de los clandestinos.
Según explicó Domínguez, el objetivo de estos encuentros es doble: cumplir una función dentro del proceso judicial y, al mismo tiempo, generar conciencia real sobre las consecuencias de operar fuera del sistema regulado. «No se trata solo de instancias formativas, sino de herramientas concretas dentro de una política más amplia de prevención, control y articulación con la Justicia», señaló el director.
Los riesgos del juego ilegal según LOTBA
Uno de los ejes centrales de la capacitación fue explicar por qué las plataformas no autorizadas representan un riesgo concreto para quienes las usan. Domínguez fue explícito al respecto: «Existe una ausencia total de controles y estándares mínimos de protección para el usuario». Las plataformas ilegales no cuentan con validación de identidad, no implementan mecanismos para prevenir el acceso de menores ni ofrecen herramientas de juego responsable.
A eso se suma otro problema estructural: «Al no existir regulación ni trazabilidad, tampoco hay garantías sobre la transparencia de las plataformas ni sobre el resguardo de los datos o los fondos de los usuarios». En la práctica, quien apuesta en un sitio ilegal no tiene protección legal ni económica ante cualquier irregularidad.
LOTBA como actor dentro del proceso judicial
Lo que distingue a esta iniciativa es el rol que cumple el organismo regulador dentro de los procesos judiciales. LOTBA no actúa únicamente como ente sancionador o de control, sino que participa activamente en la etapa reparatoria de los acuerdos de probation, aportando instancias de concientización que forman parte de las condiciones que los imputados deben cumplir para acceder a la suspensión del juicio.
Desde LOTBA indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de prevención orientada a desalentar prácticas clandestinas que operan sin garantías para los usuarios, y que el organismo continuará ampliando su presencia en los procesos judiciales vinculados al sector.
El mensaje de fondo: legalidad como sinónimo de protección
Domínguez resumió la postura institucional con claridad: «El mensaje central es claro: el juego regulado no es solo una cuestión de legalidad, sino una condición de seguridad, control y protección del usuario». La afirmación apunta a desplazar el debate de lo punitivo hacia lo preventivo, poniendo el foco en los derechos de quienes participan en actividades de juego y en los riesgos concretos que asumen cuando lo hacen fuera del sistema autorizado.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un marco regulatorio que habilita a LOTBA a actuar en múltiples frentes: desde la habilitación y fiscalización de operadores hasta el bloqueo de plataformas no autorizadas y, ahora, la articulación directa con la Justicia en instancias formativas como la que acaba de concluir.
