Hoy, ingresará al Congreso un proyecto que busca regular el juego online en Chile, una iniciativa que había sido anunciada hace un año, pero que recién ahora verá la luz.
“Con este proyecto le pondremos reglas claras a una industria que no está regulada en el país. De esta manera, protegeremos a los usuarios y reglamentaremos a los operadores, los que ahora deberán pagar un impuesto específico, que permitirá recaudar al fisco unos 55 millones de dólares anuales en régimen”, declaró a la prensa el subsecretario de Hacienda de Chile, Alejandro Weber.
En la realidad, según cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), hay más de 900 páginas web y plataformas que permiten desarrollar apuestas en línea en el país, alojadas en jurisdicciones como Malta o Curacao, generando un mercado de alrededor de 150 millones de dólares.
En Chile, las apuestas en línea están totalmente prohibidas y fuera del marco regulatorio. Estas plataformas no tienen el deber de tomar acciones para prevenir el lavado de dinero, ni a respetar las leyes a los consumidores, ni tampoco a pagar los premios y los impuestos.
En 2021, de hecho, el aporte tributario de los casinos autorizados fue de 90 mil millones de pesos, según datos de la SCJ, un pago del cual las salas online están hoy al margen. A pesar de no estar dentro de la ley, en estos momentos, las plataformas online auspician a 11 de los 16 equipos de primera división del fútbol chileno, una cifra que hace dos años era inexistente.
Las claves del nuevo proyecto
La iniciativa que ingresará al recinto legislativo permitirá a sociedades que obtengan una licencia general de una duración de 5 años, renovable, o una licencia temporal por 6 meses, no renovable, la explotación de cualquier objeto de apuesta o juego de azar, a excepción de loterías y aquellos que contengan o transmitan gráficas, mensajes o sonidos que atenten contra el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, o sean dirigidos a menores de edad.
Las sociedades deberán ser constituidas en Chile e informar el origen de los fondos necesarios para explotar el negocio, detallar sus accionistas y beneficiarios finales, además de estar obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Todo el que tenga una cuenta de usuario (que exigirá ser mayor de edad y tener RUT) podrá jugar. La fiscalización recaerá sobre la SCJ que ahora pasará a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.
Desde el gobierno explican que las firmas que operen juegos remotos deberán pagar un impuesto específico, sustitutivo del IVA, de un 20 % de sus ingresos brutos, un pago por licencia de mil UTM al año para los que tengan una licencia general y 100 UTM para los que tengan una licencia temporal. Y si las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) tienen por objeto desarrollar apuestas deportivas, deberán entregar un 2 % de sus ingresos brutos anuales a la Federación Nacional del deporte objeto de la apuesta. Además, las sociedades operadoras deberán gastar al menos un 1 % de sus ingresos brutos anuales en acciones destinadas a la promoción del desarrollo de juego responsable.
Los usuarios también se verán afectos a un tributo: tendrán que desembolsar un 15 % de sus ingresos obtenidos en esta actividad, al momento de retirar dinero desde su cuenta de usuario a su cuenta personal.
