Costa Rica vuelve a intentar actualizar su marco regulatorio para el juego online. Un nuevo proyecto de ley ingresado a la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25.600 propone modernizar la Junta de Protección Social (JPS) y dotar al Estado de herramientas concretas para enfrentar el crecimiento de plataformas de apuestas sin licencia que, según el propio texto de la iniciativa, ya concentran el 53% del mercado nacional de loterías y apuestas.
La propuesta llega pocos meses después de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazara a principios de 2026 el expediente 25.057, una iniciativa anterior con objetivos similares que había generado expectativa dentro de la JPS y el sector regulado. El nuevo proyecto retoma esos objetivos y los amplía con un enfoque tecnológico más detallado.
Un mercado ilegal que drena recursos sociales en Costa Rica
Según los fundamentos del proyecto, el mercado ilegal de juego y apuestas online en Costa Rica genera pérdidas cercanas a los $300 millones anuales, fondos que en condiciones regulares deberían destinarse a programas sociales y de salud administrados por la JPS.
Rosario Masís Pérez, coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la institución, había advertido en declaraciones previas que la ausencia de una normativa actualizada «mantiene intacto un mercado donde operan plataformas y redes ilegales que no pagan impuestos, no cumplen estándares de control, no protegen a menores de edad y no aportan recursos al fin social». La funcionaria también señaló que estos esquemas «generan flujos económicos que pueden ser aprovechados por estructuras criminales».
La dimensión del problema no es menor: si el mercado ilegal representa actualmente más de la mitad del sector, el Estado costarricense está cediendo a operadores no regulados una porción mayoritaria de una industria que por diseño debería financiar el bienestar colectivo.
Qué propone el expediente 25.600
La iniciativa, denominada «Fortalecimiento y Modernización de la Junta de Protección Social», fue presentada por la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Esmeralda Britton. Entre sus ejes principales se destacan tres componentes.
El primero es la incorporación de tecnología avanzada para la supervisión del sector, que incluye sistemas de monitoreo en tiempo real, certificación de algoritmos para prevenir manipulaciones y auditorías de software orientadas a reforzar la transparencia operativa.
El segundo es el fortalecimiento de los mecanismos antilavado, a través de una coordinación más estrecha entre la JPS y organismos especializados como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
El tercero es la protección de poblaciones vulnerables, con énfasis particular en menores de edad y en los sectores de la población que dependen directamente de los recursos que administra la JPS.
El antecedente inmediato: el rechazo del expediente 25.057
Para entender el contexto del nuevo proyecto, es necesario repasar lo ocurrido con su predecesor. A finales de 2025, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico había avalado el expediente 25.057, una iniciativa impulsada con respaldo técnico de la JPS que contemplaba la incorporación de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos dentro del marco normativo vigente, junto con la creación de un «título habilitante» para operadores regulados y mayores mecanismos de control.
Sin embargo, a comienzos de 2026, la misma comisión dio marcha atrás y rechazó la iniciativa en una votación interna. La JPS recibió esa decisión con preocupación, considerando que el proyecto representaba una herramienta concreta para proteger recursos de fin social y enfrentar estructuras ilegales. El rechazo dejó al país sin un marco actualizado en un momento en que la industria del juego online seguía expandiéndose.
Por qué la regulación digital es urgente
Más allá de los vaivenes legislativos, el fondo del problema es estructural: la regulación costarricense no ha acompañado la evolución del mercado hacia entornos digitales. Masís Pérez lo sintetizó con claridad al señalar que «el mercado ha evolucionado hacia plataformas y dinámicas online, lo que incrementa el riesgo de expansión de redes ilegales, suplantación y captación de recursos fuera de cualquier control institucional».
En ese contexto, las herramientas de supervisión tradicionales resultan insuficientes. Sin monitoreo en tiempo real, sin certificación de algoritmos y sin coordinación entre organismos financieros y de inteligencia, el Estado opera con un retraso que beneficia directamente a los operadores ilegales.
