La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde a una nueva consulta popular sobre la posible apertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas. La pregunta forma parte de un paquete de siete interrogantes enviadas por el presidente Daniel Noboa, tres de ellas dirigidas a la ciudadanía.
El antecedente de 2011 en Ecuador
La consulta busca revertir la prohibición que entró en vigor tras el referéndum del 7 de mayo de 2011, cuando los ecuatorianos votaron por cerrar los establecimientos dedicados a juegos de azar. El Ejecutivo señala que aquella decisión provocó el cierre de 160 locales y la pérdida de 250.000 empleos en todo el país.
Los argumentos gubernamentales
El Gobierno argumenta que la reapertura de estos negocios impulsaría sectores como el hotelero y el turístico, además de generar empleos y dinamizar la economía local. La pregunta que se presenta a los votantes dice: «¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?»
¿Qué pasará con los casinos en el proceso legislativo posterior?
Si la respuesta es afirmativa, el presidente tendrá 30 días desde la publicación oficial de los resultados para enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Esta norma deberá establecer delimitación zonal, montos mínimos de inversión y requisitos de infraestructura para el funcionamiento de estos establecimientos. Los legisladores contarán con 90 días para debatir y aprobar la reforma.
Segundo intento de Noboa
Este es el segundo intento del Gobierno de Noboa por reinstalar los casinos. La Corte Constitucional rechazó una consulta anterior por falta de claridad y por incluir considerandos que confundían al elector. En esta nueva versión, se eliminó el requisito de destinar un 25% de las ventas a programas contra la desnutrición infantil y se simplificó la redacción de la pregunta.
En septiembre de este año, la Corte Constitucional de Ecuador rechazó la inclusión de una pregunta sobre la reapertura de casinos y salas de juego en la consulta popular prevista para diciembre de 2025. El tribunal consideró que la propuesta, presentada por el presidente Daniel Noboa, no cumple los parámetros constitucionales por su falta de claridad y por reunir tres asuntos distintos en un solo bloque.
