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España castigará con multas millonarias a sistemas de IA que incentiven conductas adictivas

España

Qué establece la nueva ley de inteligencia artificial en España

El texto crea un sistema de gobernanza basado en la designación de autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado, responsables de supervisar el cumplimiento de la normativa. Los productos ya regulados por normas sectoriales, como maquinaria, juguetes, vehículos o dispositivos sanitarios, mantendrán sus mismas autoridades de control, en coherencia con lo establecido por el Reglamento Europeo de IA.

Entre los principios que guían la ley se encuentran la exigencia de supervisión humana en casos que puedan afectar derechos fundamentales, la promoción de la transparencia algorítmica y la protección específica de los menores frente al uso de sistemas automatizados. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que la norma refuerza el liderazgo de España en la construcción de una inteligencia artificial confiable, ética y humanista, y subrayó que regulación e innovación no son conceptos antagónicos.

Qué sistemas de IA quedan prohibidos

La ley clasifica los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo potencial para las personas y prohíbe de manera explícita aquellas herramientas cuyo funcionamiento represente una amenaza significativa para los usuarios.

En línea con las últimas actualizaciones del marco europeo, el pasado 7 de mayo la Unión Europea incorporó dos nuevas prohibiciones a las ocho ya vigentes, entre ellas la de sistemas que generen deepfakes o contenidos sintéticos engañosos.

También quedan vedados los sistemas que emplean técnicas subliminales, como imágenes o sonidos imperceptibles, para influir en las decisiones de una persona sin su consentimiento y causarle un perjuicio considerable. Esta categoría abarca expresamente casos vinculados a adicciones, violencia de género o situaciones que menoscaben la autonomía del individuo.

Otro bloque de prohibiciones alcanza a los sistemas que explotan vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas para alterar sustancialmente sus comportamientos en su perjuicio.

El juego problemático, en el centro del debate

Durante la presentación de la ley, el ministro Óscar López puso un ejemplo concreto para ilustrar los sistemas que quedarán prohibidos: un chatbot que identifica usuarios con conductas problemáticas vinculadas al juego y los incita, mediante técnicas subliminales, a ingresar en una plataforma de apuestas online.

Este ejemplo no es menor. Coloca el juego problemático en el centro del debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial y abre la puerta a que operadores de juego que utilicen este tipo de herramientas enfrenten sanciones significativas bajo la nueva normativa. La ley no regula la industria del juego de manera directa, pero sí establece responsabilidades claras para cualquier sistema de IA que se valga de la vulnerabilidad de sus usuarios para generar conversión o retención.

Cuáles son las sanciones previstas

El régimen sancionador contempla tres niveles de infracción: muy graves, graves y leves. Las multas para las infracciones más graves pueden alcanzar los 35 millones de dólares o el 7 por ciento del volumen de negocio anual de la empresa, según cuál sea el importe mayor. En el extremo opuesto, las infracciones leves pueden derivar en sanciones de hasta 500.000 dólares o el 0,5% del volumen de negocio.

El texto incorpora mecanismos de proporcionalidad que permiten a las autoridades adaptar las sanciones a la gravedad de la infracción, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.

España como referente europeo en regulación de IA

La aprobación de esta ley sitúa a España en la vanguardia de la implementación del marco regulatorio europeo sobre inteligencia artificial. El país cuenta con dos fábricas de IA de la Unión Europea, un proyecto de gigafactoría y empresas especializadas en el sector, además de un modelo propio de IA en lengua española denominado ALIA. Para el gobierno, la norma demuestra que es posible construir un ecosistema tecnológico competitivo sin renunciar a la protección de los derechos de las personas.

La tramitación parlamentaria del proyecto determinará el texto definitivo, pero el debate ya instaló en la agenda pública una pregunta que trasciende las fronteras españolas: hasta dónde pueden llegar los sistemas de inteligencia artificial antes de que el Estado intervenga para proteger a quienes son más susceptibles de ser dañados por ellos.

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